“Acá hay una serie de responsabilidades administrativas, éticas, penales y políticas, y en ese sentido vamos a revisar el proceso de compra”, declaró la senadora.
Tras un encuentro entre la bancada bicameral del Frente Amplio con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, para conocer los detalles de la garantía presentada por la empresa Cardama, los legisladores pidieron investigar "hasta el fondo" el contrato con el astillero español.
El 22 de setiembre de este año, Cardama debió comunicarle al gobierno uruguayo la renovación de la garantía, que efectivamente venció este 22 de octubre. Como esto no ocurrió, el Poder Ejecutivo resolvió ejecutarla y cobrar el 5 % del valor total de la obra encargada - la fabricación de dos patrullas oceánicas- que asciende a unos 4 millones de dólares.
Sin embargo, eso no fue posible ya que EuroCommerce Limited, el garante, se encuentra en proceso de liquidación y, a su vez, se presume que es una empresa fantasma dado que el domicilio donde supuestamente funcionaba esta empresa había una inmobiliaria. Por esta razón, el prosecretario de Presidencia será el encargado de elevar hoy una denuncia civil y penal ante Fiscalía.
En entrevista con Nada que Perder, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz sostuvo que la decisión del Ejecutivo “se corresponde con la gravedad de la situación”. “Es muy bueno dar el paso de suspender el contrato y de hacer las denuncias correspondientes en la vía civil y penal”, agregó.
Díaz recordó que no se trata de una situación "nueva", dado que existe una investigación administrativa en curso dentro del Ministerio de Defensa, a raíz del contrato para la fabricación de las patrullas oceánicas firmado por el gobierno pasado con Cardama. “Es una posibilidad establecer una comisión preinvestigadora sobre este tema, no lo descartamos”, aclaró.
“Acá hay una serie de responsabilidades administrativas, éticas, penales y políticas, y en ese sentido vamos a revisar el proceso de compra”, explicó la senadora y destacó que el Parlamento no descarta acciones, pero acompañará lo que haga el Poder Ejecutivo. “Es importante avanzar en salvaguardar al Estado uruguayo”, complementó.
“Las patrullas oceánicas son necesarias, pero así no”, aseveró la entrevistada. En tal sentido, recordó que hubo polémicas a la hora de elegir el astillero para construir las patrullas y “fuertes cuestionamientos” en la interna de la Armada, donde algunas jerarquías renunciaron tras el proceso de selección. “Hay una serie de situaciones que encendieron las alarmas, además de una serie de recomendaciones relacionados a los avales, que no aparecían”, lanzó.
Por último, la senadora descartó que las responsabilidades detrás de esta compra involucren al expresidente Luis Lacalle Pou, porque la compra se ejecutó a través del Ministerio de Defensa. “La responsabilidad política es compartida, porque el ministerio tuvo cambio de jerarquías y en las Fuerzas Armadas deberá existir algún proceso que explique por qué Defensa hizo esa compra”, concluyó.