Entrevistado en InterCambio el ex director de la Policía Mario Layera, habló del manejo de datos y estadísticas sobre delitos, valoró aspectos de la ´Ley de Urgencia´ en materia de seguridad y alertó contra espionaje ilegal.
Layera contó que la situación de retiro de la actividad profesional implica “un proceso de duelo que uno cursa”, más allá de que además “la situación sanitaria también ha cambiado todos los planes”. Remarcó que “estoy retirado ya, ahora retirado de un cargo de confianza”, precisó el punto.
Recordó que “las cifras en la administración pasada fueron puestas en duda” y anotó que “ahora” se vive “una situación atípica para confrontar en números”. “Nadie tiene cómo confrontar las cifras del Observatorio, pero pueden ser auditadas en cualquier momento”, subrayó al respecto.
Habló del descenso natural y previsible de los registros estadísticos de delitos en el marco de pandemia, “se compadece con toda la actividad”. Pero siempre lo relativo a datos “hay que manejarlo con mucho cuidado”.
El entrevistado puntualizó que en los gobiernos anteriores al actual “no” se indicaba a los jerarcas policiales limitar ni restringir la provisión de datos e información sobre delitos a los medios de comunicación. Destacó la importancia de que los ciudadanos denuncien los delitos que padecen.
Sobre los cambios que establece la Ley de Urgente Consideración (LUC) en materia de seguridad pública, como el referido a la figura de legítima defensa presunta, valoró que “no se compadecen con la estrategia ni con el espíritu de la administración pasada”. “Tengo serias dudas sobre la aplicación de esa norma, de lo que pueda ocurrir. No la comparto, y en su momento no la compartí”, si bien “es una decisión política” del gobierno.
Señaló que en cuanto a consecuencias “puede generar todo un reclamo de los ciudadanos hacia la acción” policial y “generarle mucha desconfianza a la institución y a sus procedimientos” entre los ciudadanos. “Las garantías para esos derechos” humanos de las personas “siempre” fueron “un aspecto determinante de la confianza que se le puede tener” a la institución policial.
Entonces “se debe suponer que va a haber una confrontación en todos los aspectos” y que habrá también “demandas” contra la Policía. “El Estado se está haciendo responsable de esas acciones al votar” la LUC, apuntó. “El policía se va a ajustar a la aplicación de esa norma”, pero “después viene (…) la interpretación” de éste a la hora de actuar, dado que en la calle “el policía está solo y tiene que tomar decisiones” en fracciones “de segundo”.
El de “las garantías” que brinda “la Constitución” a las personas “es un tema que debe ser estudiado”, desde que “todos podemos estar en ese lugar (…) de víctimas (…) en un error de procedimiento” policial. En casos así los ciudadanos “tienen todo el derecho a reclamar y demandar” al Estado, y luego “la justicia decidirá y evaluará toda la situación”, reflexionó Layera.
En cuanto al tema escuchas y espionaje, “lo que es interceptación legal”, como el sistema “El Guardián”, fue por demás demandado y “auditado” en los gobiernos precedentes al efecto de dar “las garantías” del caso. Hacerlo ilegalmente es imposible porque en el funcionamiento de El Guardián “intervienen (…) la Policía, la Fiscalía, los jueces y los operadores” telefónicos, “un circuito imposible de que uno lo corrompa por sí solo”.
Pero por fuera de ese mecanismo “la acción ilegal puede ocurrir siempre, puede suceder, nadie está inmune a padecerlo a eso”, advirtió el ex jerarca.
