“¿Dónde están los 4 millones de euros que debieron ser reembolsados en la garantía?", planteó la ministra de Defensa.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, aseguró esta mañana en Nada que perder, que la decisión del presidente Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama se hará efectiva hoy. “Estamos evitando que este negocio sea un experimento a costa de los recursos del Estado uruguayo”, sostuvo.
Lazo recordó que desde que asumió su cargo el 1 de marzo y antes desde el Parlamento había sido “crítica” acerca del procedimiento que derivó en la selección y el contrato con Cardama, para la construcción de dos patrullas oceánicas por 100 millones de dólares durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
En línea con lo explicado ayer por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en conferencia de prensa, Lazo reiteró que se llegó a esta definición luego de que el embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, se presentara en la aseguradora Eurocommerce en Londres, para ejecutar la garantía presentada por Cardama ante su inminente vencimiento, ya que “no había sido renovada en tiempo y forma”. Allí constató que Eurocommerce no figuraba en el domicilio indicado; en su lugar había una inmobiliaria.
En la entrevista, la ministra señaló que semanalmente recibió informes de los dos funcionarios de la Armada que se encuentran en Vigo, España, supervisando la labor de construcción de las patrullas. Y aseguró que "la mayoría" de las preguntas planteadas a la empresa no se respondieron. “A nosotros no nos importa solamente el porcentaje de construcción, sino la calidad de la construcción”, apuntó.
La relación con el astillero español va a “cambiar a partir del día de hoy" a raíz de la decisión del presidente Orsi que, según dijo, "hoy se hará efectiva”. “Si el presidente anuncia que va a rescindir el contrato porque siente que detrás de esto puede haber una estafa, creo que tenemos que parar y definir otros criterios”, añadió Lazo.
Lazo planteó lo que considera el tema de fondo: “¿Dónde están los 4 millones de euros que debieron ser reembolsados en la garantía? Las patrulleras oceánicas de Uruguay no son un experimento a costa de los recursos del Estado”. Y con respecto a los 30 millones que el Estado ya adelantó a la empresa, Lazo indicó que es un asunto que tendrá que dirimir la justicia.
“Estamos evitando que este negocio de las OPV sea un experimento a costa de los recursos del Estado. Los recursos del Estado uruguayo no vamos a permitir que se manejen de esa manera”, insistió Lazo en la entrevista.
Ayer miércoles, el gobierno —a través de una conferencia de prensa brindada por el presidente Orsi, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz— anunció que denunciará penalmente por presunto “fraude” o “estafa” el contrato firmado por la administración pasada liderada por Lacalle Pou con Cardama, el astillero español que debía realizar dos patrulleras oceánicas, y que no cumplió con el contrato ni los plazos fijados para la entrega de los buques.
La definición se tomó luego de que el presidente firmar, el lunes pasado, una resolución para la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama, ante la inminencia de su vencimiento. Pero la garantía fue emitida por Eurocommerce Ltda., una firma que no existe en el domicilio declarado en Londres y se encuentra en proceso de liquidación, según informó Díaz.
"En este momento me preocupa salvaguardar los intereses del Estado, las arcas del Estado, que aparezca esa garantía y lo demás será producto de la investigación", respondió Lazo cuando fue consultada por las eventuales responsabilidades de autoridades del gobierno anterior en este proceso. "Las responsabilidades son las que son. El estado uruguayo no puede quedar desprotegido frente a una situación que implica mucho dinero", apuntó.
La ministra recordó que Cardama fue "prorrogando y prorrogando" -11 meses en total- la presentación de una garantía válida, pese a que el contrato establecía un plazo de 45 días; en ese periodo, el astillero español realizó siete intentos fallidos de validación. El gobierno anterior fue alertado de esta situación por el estudio jurídico Delpiazzo, puntualizó.
Sobre este asunto, Lazo acotó: "Si hubiera responsabilidades, por supuesto que se asumirán, las tendrán que asumir en su momento, pero no quiero adelantar nada porque la investigación administrativa no está culminada, porque quedan otras investigaciones que realizar a partir de lo que dice el presidente".