La ́Ley de Medios ́ del gobierno “entrega a dedo, a cambio de nada” el servicio de “internet al hogar” de Antel a las empresas “de cable”, y abrirá a corporaciones privadas y extranjeras la posibilidad de asociarse y vender servicios de ́triple play ́ “con TV cable, TV abierta y telefonía móvil”, lo que es una “concentración brutal de muchísimos medios de comunicación” con “consecuencias realmente comprometedoras para el futuro de Antel”, advirtió en INFO24 el director frenteamplista del ente, Daniel Larrosa.
Larrosa alertó que “los cambios que propone” la norma proyectada, “sobre todo el artículo 48, son muy impactantes sobre la realidad de Antel”, tanto que “estimamos que la pérdida de ingresos puede ser muy importante”; en la “fibra óptica al hogar”, que genera “400 millones de dólares de ingresos anuales”, “es una inversión de aproximadamente 800 millones y está en plena etapa de repago, (...) el permitir intervenir a otros agentes externos en ese mercado puede tener un impacto realmente fulminante para Antel”.
Advirtió que “el artículo 48 va en contra de lo resuelto en el plebiscito del ́92”, decisión ésta del soberano que “consagra el monopolio de Antel en comunicaciones fijas, e internet es una telecomunicación mediante medios físicos; vulnera a nuestro entender el pronunciamiento del pueblo uruguayo de aquel entonces” y “adicionalmente a eso, entrega” el servicio de internet “sin ninguna contrapartida, a dedo, a algunos agentes que ya tienen otros permisos, de cable; entrega a dedo, a cambio de nada, una porción del mercado de telecomunicaciones fijas, el internet al hogar, que para nosotros es un servicio vital en el siglo 21 y se está demostrando en esta pandemia la necesidad que tenemos de ese servicio de telecomunicaciones, que mediante ese monopolio de hecho y de derecho Antel está asegurando” en cuanto acceso “universal a ese derecho”; entonces, “de esta manera queda muy vulnerada la posición de la empresa estatal y sobre todo no se protegen las inversiones que se hizo con plata de todo el pueblo uruguayo”.
Luego cuestionó que estos planes oficialistas “para nada” fueron manejados en el directorio de Antel, donde “eso no estuvo” en consideración. Remarcó después que el artículo 48, “de última, provoca una gran concentración de todos los medios audiovisuales, porque permite a las TV cable vender servicio, además de cable, de internet”, con lo que “se agrega un servicio más a dedo” al tiempo que “se quita” a Antel “una porción de mercado sin ninguna contrapartida, no se le pide nada” a las empresas cableras, reiteró.
Sobre la calidad de “ese internet a los hogares” que venderán las cableras, “si llega a través de cable coaxil, el que usan los cables actualmente, va a ser un servicio de muy inferior calidad; si llegara, como dice la Ley, a arreglar con terceros, que el tercero ahí es Antel, va a llegar a través de la fibra óptica y va a mantener la misma calidad que ahora, pero Antel se las va a tener que vender más barata porque es el discurso que han tenido”; es que “la mayoría del directorio quiere vender en términos mayoristas” y “si vendés en términos mayoristas la transmisión a través de la red de fibra óptica, tenés que dar más barato, es la única manera” de otorgar ganancia y con ello “va a cobrar menos Antel”; “lo que se está haciendo realmente, a mi entender, es una estafa al pueblo uruguayo: aprovechando un momento en que tenemos 50 muertos por día, que estamos mirando otra cosa, se nos está pasando una Ley donde el patrimonio público está siendo estafado”.
“Implícitamente -recalcó- esto deroga un monopolio que tiene Antel de la transmisión en redes fijas de telecomunicaciones, no lo dice explícitamente, por eso va en contra del pronunciamiento del pueblo uruguayo de 1992”.
Además, “el artículo 72, en su literal A, le asigna al Sistema Público de Radio y Televisión Nacional el servicio audiovisual público, lo que de cierta manera choca con lo que hace Vera TV; entonces también se confunden y seguramente apunta a quitarle más actividades a Antel, que las hace no porque sea caprichosa sino que todas las empresas de telecomunicaciones tienen su canal” y si “se lo asigna a otro ente público, entonces va a estar la discusión de quién lo tiene que hacer en el Estado”. El director añadió otro perjuicio que deriva de la norma: “en el artículo 7 introduce algún otro elemento que va contra Antel porque dice que los que tienen facultad legal en los servicios de telecomunicaciones no estarán habilitados para difundir contenido audiovisual; Antel tiene permiso (...) por eso lo hace por Vera TV, pero acá se pone como un paréntesis, como que estaría en duda”, siendo “un elemento más que se agrega a lo del 48”. “Después tiene otros elementos que apuntan al futuro de Antel, recordemos que la red de fibra óptica es la base del futuro 5G”. Y en función de otro artículo “se podrían aglomerar”, por un mismo privado o por un consorcio, “servicios de TV cable con TV abierta con telefonía móvil, de alguna manera están planteadas todas las excepciones” y así “puede llegar a ser una concentración brutal de muchísimos medios de comunicaciones, de servicios audiovisuales y telefonía móvil”, dándose de hecho el “ ́triple play ́”; esto “impactaría no solo en los ingresos de fibra óptica de Antel sino en todos los otros ingresos del servicio móvil, lo cual creemos puede tener consecuencias realmente comprometedoras para el futuro de Antel”.
