La concurrencia del mides al parlamento una vez más se caracterizó por la sustitución del análisis de las políticas efectivamente realizadas con una puesta en escena de promesas de éxito construidas sobre un vacío técnico peligroso, que habilita por una parte mayores procesos de discrecionalidad en el acceso a las ayudas sociales, y por otra parte mayores riesgos de abandono de la población con mayores privaciones.
Con la excusa de los problemas en los diseños de los programas se justifica la ausencia de evaluaciones durante 2020 y la falta de objetivos y metas de política para los próximos tiempos.
Sin embargo los problemas con las evaluaciones desaparecieron a la hora de utilizarlas para eliminar programas históricos del Ministerio de Desarrollo Social como Uruguay Trabaja, que serán sustituidos por iniciativas poco transparentes, carentes de regulación por ley, y que habilitan tanto la discrecionalidad en la selección de la población beneficiaria cómo el redireccionamiento de los esfuerzos del Estado para favorecer a ciertas empresas afines al gobierno, hoy sensibilizadas con los problemas sociales.
Dicho proceso de selección de la población no genera garantías de inclusión para los sectores más desfavorecidos. Esta situación, sumada a otros procesos del ministerio que toman distancia de la población más carenciada configura una nueva realidad en las políticas sociales que avanza en los hechos hacia la definición de una humanidad sobrante que no tendrá siquiera espacio en la asistencia.
