La coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, Liliam Kechichian, subrayó que la fuerza política que integra trabaja sobre la información que surge de forma pública sobre el caso Astesiano con mucha responsabilidad, sin peligro de desestabilización, en defensa de la institucionalidad y del rol de control que la ciudadanía marcó en elecciones. Afirmó que los únicos que pidieron la renuncia fueron los ediles de la coalición en Montevideo contra Carolina Cosse.
La Mesa Política del Frente Amplio integró a los coordinadores de bancadas en las cámaras de senadores y diputados, Liliam Kechichian y Mariano Tucci respectivamente, para analizar el escándalo Astesiano y la falta de transparencia en la información pública en torno al asunto. Alejandro Astesiano fue jefe de custodia presidencial hasta que la justicia lo imputó como integrante de una red que falsificaba pasaportes para ciudadanos rusos y ucranianos.
Kechichian criticó las contradicciones del Gobierno que se acumulan en estos tres meses del año, con la irrupción del caso Astesiano. "No sabemos por qué un presidente siempre afecto a trasladar las cosas más pequeñas de su actividad no se sacó una foto entregando el material", es decir parte de la donación emiratí de 454 kilogramos de pescado. "Nos parece todo una falta de transparencia muy grande", definió la senadora.
Se instalará una comisión permanente para dar seguimiento del caso Astesiano con el objeto de recopilar información durante el receso parlamentario. Este seguimiento no descarta ninguna otra herramienta parlamentaria a saber llamados a sala, interpelaciones, asuntos políticos, etc., pero aún no está decidida ninguna.
Subrayó que las opiniones que salen de la justicia dan "enorme preocupación" a una fuerza política que manejó el asunto con suma responsabilidad, porque en Uruguay no hay peligro de desestabilización, aseveró. "Los únicos que han pedido renuncia a una persona elegida por el pueblo fue la bancada de la coalición de Montevideo", recordó la legisladora.
Hace referencia al pedido de juicio político porque Carolina Cosse no concurría a las sesiones en la Junta de Montevideo cuando no está obligada constitucionalmente a hacerlo.
"Por lo tanto, seguiiremos con la responsabilidad que nos merece la institucionalidad, pero el rol que estamos jugando es el que nos puso la ciudadanía, que es controlar la gestión", puntualizó Kechichian.