Un estudio realizado por el equipo de asesores del director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, asegura que la portabilidad numérica, una medida que el gobierno ya está instrumentando, que tiene que ver con el derecho del usuario de cambiar de empresa telefónica manteniendo el número, provocará pérdidas millonarias para el entre 123 y 425 millones de dólares en dos décadas.
“Para cuantificar el efecto perjudicial para Antel, se multiplica el neto de clientes perdidos por esta medida (fugados menos captados), por el ARPU del negocio”, señala el documento.
El ARPU (Average Renevenue Per User, por sus siglas en inglés), es un indicador utilizado por las empresas de telecomunicaciones que sirve para promediar el ingreso por usuarios. Se calcula al dividir el total de ingresos por un lapso determinado, entre el total de sus clientes.
“Los escenarios considerados difieren en la cantidad de clientes migrados desde y hacia Antel por este motivo”, acota el texto.
En este sentido, se entiende que un escenario de mínimas, las pérdidas anuales por portabilidad numérica serán de 11 millones de dólares, y en un escenario de máxima será de 39 millones.
Asimismo, las pérdidas a 20 años podrían oscilar en un escenario de mínima y máxima de entre 123 a 425 millones de dólares respectivamente.
La portabilidad numérica está en los artículos 471 a 476 de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Implica que un usuario de un operador móvil se puede cambiar a otro y mantener el mismo número de teléfono móvil, incluso durante la vigencia del contrato con su nuevo operador.
Para ello, Antel debe “adecuar diversas herramientas de software en sus sistemas internos. Movistar y Claro, por ser empresas multinacionales, ya tendrían sus sistemas informáticos adaptados”, señala el estudio.
En tanto, “Uruguay debe introducir un nuevo operador en el mercado de telefonía móvil, llamado Administrador de Base de Datos. Es un tercero independiente de los suministradores de servicios celulares, que lleva una base con los datos de los números portados”.
El texto indica que “ante el inminente Referéndum, la actitud del gobierno ha sido la de acelerar el proceso, con el objetivo de tenerla implementada en diciembre de 2021”.
Empresa que administrará la base de datos no existe
Este mes se conoció que el Comité de Portabilidad Numérica que orbita en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) le otorgó una prórroga al consorcio ganador, la empresa brasileña Cleartech y a la uruguaya Cietel, a que administre la base de datos de telefonía móvil.
La convocatoria establecía que un consorcio -en caso de ser seleccionado- tendría 30 días para presentar el contrato. Sin embargo, la resolución aprobó que tenga una prórroga de 45 días del plazo «para presentar el Contrato de Consorcio con las formalidades legales correspondientes».
Actualmente el consorcio ganador del llamado «no está constituido», no tiene RUC ni está inscrito ante el Banco de Previsión Social (BPS). En el llamado estuvo representado por Álvaro Tringolo, del estudio de abogados de Carlos Delpiazzo, quien fuera ministro de Salud Pública en el gobierno de Luis Alberto Lacalle y luego senador blanco.
Pablo Siris, director en Ursec por el Frente Amplio, dijo a M24 que él tiene «una situación discrepante con la mayoría del Directorio», y que votó en contra «de que se permitiera que participe una empresa que no estuviera conformada, entre otras cosas porque temía que sucediera algo como lo que a la postre ha sucedido».
La resolución plantea que se otorga una prórroga debido a que «el funcionamiento de los organismos públicos aún se encuentra en proceso de normalización atendiendo al estado de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país».
Por su parte, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, anunció semanas atrás que la empresa estatal deberá abonar al consorcio unos US$ 365 mil para poner en marcha la portabilidad numérica.
El Comité de Portabilidad Numérica, está integrado por representantes de la Ursec, de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, y de las empresas Antel, Claro y Movistar.
En junio el semanario Brecha publicó un informe que explicaba que la empresa Inetum España SA había presentado un recurso administrativo, cuestionando su bajo puntaje y que se haya seleccionado a Cleartech – Cietel SA, siendo que «no acreditó la experiencia en materia de portabilidad numérica», incumpliendo lo establecido por el pliego.