El proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre prevaricato cometido por funcionarios fue calificado por la Asociación de Magistrados del Uruguay como una iniciativa que amenaza con criminalizar el trabajo cotidiano de jueces y fiscales.
La responsabilidad de los judiciales ya está contemplada en la Constitución y las normas legales, recordó el comunicado emitido este jueves 7 por la Asociación. El organismo que nuclea a los magistrados advirtió que el proyecto de Cabildo Abierto puede constituirse como otro intento para incidir en decisiones judiciales y una forma de afectar la independencia de poderes.
Cabildo Abierto presentó un proyecto sobre prevaricato de funcionarios. Puntualmente, el texto presentado este lunes 4 propone castigar con 18 meses de prisión a siete años de penitenciaría a quien persiga penalmente a un no culpable o a una persona a la cual no le corresponda sanción penal.
Pero también propone que los jueces que a sabiendas dicten una resolución injusta sean penados con diez meses de prisión a siete años de penitenciaría.
El problema, según dijo el senador cabildante Raúl Lozano a El Observador, es que el Código Procesal Penal otorga un rol primordial a los fiscales en el sistema judicial. Puso como ejemplo la actuación de la fiscal Sylvia Lovesio en la Operación Océano, la investigación sobre explotación sexual adolescente que lleva más de dos años. También mencionó el pedido de acceso a la información pública que solicitó el líder del partido, el senador Guido Manini Ríos, y que fue publicado por El País, sobre los 13 juicios contra la Fiscalía General.
