Entrevistada en InterCambio la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, habló de una charla sobre Derechos Humanos (DDHH) que la tendrá como expositora este viernes 4 en la sede de Fenapes junto a la realizadora audiovisual Virginia Martínez.
Mota informó que la de mañana es “una actividad a las que nos invita Fenapes” y que versará sobre sobre “DDHH en el pasado reciente y la memoria” histórica, lo que supone “una temática enorme” a ser abordada junto a “Virginia”, quien además “tiene una trayectoria enorme”.
Esa temática “genera una serie de inquietudes” en diversos ámbitos de la sociedad y la charla será ocasión “para profundizar un poco más” acerca de “la protección de los DDHH” y “cómo es primordial protegerlos”, enfatizó.
La jueza y activista destacó la necesidad, todavía parcialmente postergada, de “conocer y saber lo que ocurrió en el país en esos tiempos” de dictadura y terrorismo de Estado previo, asunto que durante mucho años de pos-dictadura “fue negado” desde el Estado y gran parte del sistema político.
Reflexionó en torno al hecho de que “todas esas cosas llevan un tiempo histórico” de difusión y elaboración colectiva, tarea que “se ha ido nutriendo con testimonios que poco a poco van dando las víctimas” ya que, naturalmente, les “cuesta un poco” abrir públicamente esa dura peripecia. Subrayó como “necesario que la sociedad sepa lo que ocurrió”.
Después Mota expresó su “preocupación” por la persistencia de “personas que han gravemente vulnerado los DDHH y que al día de hoy no se conozca lo que hicieron”, como el caso del militar retirado Antonio Romanelli, asesor en Seguridad del candidato presidencial del partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
En la misma dirección, la entrevistada señaló críticamente la prolongada omisión del Estado en “asumir la responsabilidad” de aquellas violencias extremas y crímenes de Lesa Humanidad institucionalmente planificados.
Lamentó que “sigue estando aislado” del conjunto de la sociedad “el relato de las víctimas como víctimas” de la represión, cuando “debería haber un rechazo general de la sociedad a personas que vulneran lo DDHH”.
Como consecuencia de esas omisiones y negaciones, el capítulo del terror de Estado y las víctimas “pasa a ser una cuestión entre particulares cuando debería ser” un asunto de primer orden manejado “por el Estado”.
