El Ministerio de Desarrollo Social respaldó a la directora del Sistema Nacional de Cuidados y encargada del Programa Nacional de Discapacidad, Gabriela Bazzano, tras las acusaciones en su contra producto de su participación en ONG. La jerarca trabajaba con madres con discapacidad y buscaba padres sustitutos para sus hijos. La cartera también pide la reapertura de la investigación judicial.
En un artículo publicado en La Diaria, se dio a conocer que la actual jerarca fue investigada en la orbita judicial y se filtró parte del expediente, donde se acusó a Bazzano de entregar hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin control ni trámite ante organismos públicos.
La causa fue archivada en 2017 a pedido del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, quien argumentó que no se habían encontrado “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva”. Señaló también que la actuación en todos los casos “se basaba jurídicamente en lo previsto en el artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia”. Para Pacheco, “en ningún caso la solución era clandestina” y “el sistema estaba en conocimiento de otros organismos públicos”.
Las bancadas parlamentarias del Frente Amplio pidieron la destitución de Bazzano y anunciaron la convocatoria al ministro Pablo Bartol a la Comisión de DDHH, Equidad y Género. También comunicaron que se presentarán ante Fiscalía solicitando que se reabra la causa. En la misma línea obraron las organizaciones de la sociedad civil, como la Red Pro Cuidados, que exigió la “Inmediata destitución” de Bazzano y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay que expresó “su enfático rechazo” a “prácticas que deberían culminar con denuncias y renuncias”.
El Ministerio de Desarrollo Social publicó un comunicado este martes 8 que “entiende necesaria la reapertura de la causa judicial archivada y que se promuevan las investigaciones que se estimen pertinentes para esclarecer cualquier duda y así obrar con la máxima transparencia”.
La cartera sostiene que la labor del Hogar Seamos “era pública y conocida por las anteriores autoridades del Mides y del INAU”. También señala que e “no habiendo encontrado ningún obrar ilícito” la Justicia uruguaya y la Organización Internacional de Policía Criminal, decidieron archivar la causa.
El comunicado agrega que los cuatro niños entregados a familias sustitutas que se mencionan en el expediente y en la nota de La Diaria, “fueron debidamente homologadas por el juzgado de familia que por turno intervino, participando un defensor de oficio, el Departamento de Asistencia Social del Poder Judicial y finalmente dando vista al INAU de la época que manifestó no tener competencia por tratarse de niños y niñas no institucionalizados y solicitó la continuidad del proceso de tenencia”.
El MIDES asegura que en 2015 la administración anterior ordenó una investigación administrativa para determinar actos o hechos ilícitos sobre Seamos, la cual nunca concluyó. “El expediente físico fue extraviado, el expediente electrónico está vacío y la resolución que indicaba el inicio de la investigación no está registrada”, por lo cual se decidió realizar una nueva investigación administrativa para determinar responsabilidades.
“En relación a lo anteriormente expuesto, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, expresan el respaldo a la gestión de Gabriela Bazzano al frente de la Secretaria Nacional de Cuidados y del Programa Nacional de Discapacidad”.
