La justicia condenó al Ministerio del Interior a brindar todos los datos solicitados por el expresidente de la Asociación de Defensores Públicos, Joaquín Gamba, quien pidió datos relativos a la aplicación de la Ley de urgente consideración en materia de seguridad pública. Por el atraso, deberá abonar unos 500.000 pesos.
Luego de negarse a responder el pedido de acceso a la información pública que realizó Gamba el año pasado, la justicia intimó a la secretaría de Estado a entregar la información relativa al registro de los controles de identidad, los registros personales y de vehículos, las detenciones y conducciones hacia comisarías y, además, el uso de las cámaras que los policías llevan para grabar todos los procedimientos.
En la audiencia pública de lectura de la sentencia definitiva, la justicia informó sobre la condena, impuso un plazo de 10 días para entregar la información solicitada que comenzó el 27 de diciembre, jornada de la convocatoria.
Además, fue impuesta una multa por cada día que pasa sin la entrega de la información, tal como publicó La Diaria el 30 de diciembre de 2022.
Sin embargo, en entrevista que Gamba realizó con MVD Noticias, el extitular de los defensores de oficio agrupados indicó que los datos aún no fueron entregados.
“Estamos viendo que los controles no quedan registrados”, dijo al informativo. Hay personas conducidas a seccionales que no quedan registrados en las planillas, detectó. “Estamos preocupados por estas situaciones y, de acuerdo a la ley, deben tener registro y comunicación a los fiscales”, añadió.
Según datos del informativo, al 6 de febrero, día de la emisión de esta noticia, el Ministerio del Interior deberá pagar unos 500.000 pesos.
La justicia falló a favor de Joaquín Gamba, ex presidente de la Asociación de Defensores Públicos, en un pedido de acceso a la información pública que el abogado presentó frente al Ministerio del Interior. pic.twitter.com/wd4G6SzkcY
— MVD Noticias (@MVDNoticias) February 6, 2023