La Ley de Protección de Datos Personales es el motivo por el cual el Ministerio del Interior no entregó la información sobre el por qué fue sancionada la empresa de seguridad que el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, mencionó como propia en uno de los chats en poder de Fiscalía. La empresa sigue habilitada. En la fachada, aparece una tienda de artículos ortopédicos.
Sixteenth Security Group es la empresa de seguridad multada por la Dirección General de Fiscalización de Empresas con 180.000 pesos. “Ferreira, sabés que necesito que me hagas una gestión”. Es la voz de Alejandro Astesiano que le pide al exsubdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira, que interceda por él ante la dirección, la encargada de inspeccionar a las firmas que brindan seguridad privada. El pedido fue bien concreto: “Preciso tener una entrevista con Henry de León”.
“Me están matando. Tengo todo en regla, todo impecable. No la tengo a nombre mío para que no complique”, confiesa en el audio publicado este viernes 24 en el semanario Brecha. “Quiero tener una entrevista personal con él, que el presidente me dijo que la pidiera, que es lo mejor. No le comentes nada, pero es así”, añadió.
La reunión se concretó para el 1º de febrero. “Un capo”, definió Astesiano sobre De León. “Atendeme, De León me debe la vida”, le respondió Ferreira. “Aparte hay otras internas que te las contaré en vivo y en directo para que Luis, el uno, las sepa”, agregó.
La investigación de Brecha incluyó trasladarse hacia la dirección de Sixteenth Security Group (SSG), pero se encontraron con una tienda de ortopedia. Los periodistas del semanario y también las del programa de radio Así Nos Va coinciden en que las dos empresas son del mismo dueño.
SSG tiene como dueño declarado a un exagente de inteligencia policial, el comisario Darwin Lorenzo. Según su currículum, trabajó para las embajadas de Estados Unidos y de Israel. Está en varios chats de Astesiano porque le pide un empleo público.
“Con la decisión de ocultar los detalles de esta sanción y de otras que hubiese recibido SSG, el gobierno, con la firma de Luis Alberto Heber, no solo niega información vinculada a un caso de enorme interés público, sino que tampoco permite que quienes deseen contratar una empresa del rubro conozcan sus parámetros de calidad en un área no menos sensible, en la que se maneja armamento y es vital la capacitación del personal”, alude el artículo de Brecha.
Es que la solicitud de acceso a la información pública comenzó el 13 de diciembre. Pasaron los plazos sin novedad y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UIAP) intervino el 17 de febrero, exhortando al Ministerio del Interior a responder ése y todos los pedidos en los plazos establecidos por ley. Pero siguió sin responder.
Recién con una llamada al nuevo director de Secretaría de la cartera, Nicolás Martinelli, el expediente se movió. Pero la respuesta fue negar la entrega de los datos solicitados por la normativa que regula la Protección de Datos Personales.
Brecha consultó a varios abogados quienes le aseguraron que la decisión está mal fundamentada porque el detalle de una multa se puede considerar un dato personal. “Con su actitud, el gobierno no hace otra cosa que recargar el aire turbio que rodea a todo el asunto”, finaliza el artículo.