Los diputados del Frente Amplio presentaron un recurso de revocación ante Presidencia por el acuerdo que habilitó el presidente Luis Lacalle con Katoen Natie, de concederle a la empresa extranjera el monopolio de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo por 60 años, sin la aprobación de dos tercios de cada cámara como mandata la Constitución.
La bancada de diputados del Frente Amplio presentó un recurso de revocación ante Presidencia de la República, del acto del contrato que firmó Uruguay con la multinacional belga Katoen Natie, que cuenta con el monopolio de la terminal de contenedores.
En rueda de prensa, los diputados frenteamplistas Gustavo Olmos, Daniel Caggiani, Ana Olivera y Cristina Lustemberg, explicaron este viernes en el anexo del Parlamento los detalles del recurso presentado ante el Poder Ejecutivo.
Los legisladores piden la nulidad del decreto que permite un monopolio privado en el Puerto de Montevideo, ya que, según la Constitución de la República, en su artículo 85 numeral 17, se debió poner en consideración de las cámaras parlamentarias, lo cual se obvió por parte del gobierno.
Los diputados del FA entienden que se restringieron los derechos políticos de los representantes nacionales a la vez que se detectó la presencia de graves irregularidades administrativas en el contrato.
En este sentido, Caggiani explicó que uno de los “vicios de forma” tiene que ver con las competencias que adoptó el Poder Ejecutivo cuando es el Legislativo el que debe dirimir sobre la conformación de un monopolio y la duración de la concesión del mismo, que en este caso fue a una empresa privada y por más de 60 años.
“En caso de que el recurso sea contestado en forma negativa, seguirá la vía administrativa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y agotada la vía de la jurisdicción nacional no descartamos que podamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, detalló.
“Nunca en la historia del Parlamento Nacional había sucedido algo parecido”, acotó.
Por su parte, Olmos expresó que, si bien esta iniciativa es presentada por el FA, el objetivo es proteger los derechos de los legisladores de todos los partidos políticos.
“La Constitución expresa claramente que para otorgar un monopolio se precisa una ley y que sea aprobada por dos tercios de cada cámara. Esto acá se hizo entre gallos y medias noches con una resolución del Poder Ejecutivo que ni siquiera fue publicada en el sitio de Presidencia donde los propios socios de la coalición dijeron que se enteraban de este acuerdo cuando salió a la luz pública”, sostuvo.
En tanto, Olivera puntualizó que el Poder Ejecutivo adoptó competencias que no le pertenecen y por tanto este acuerdo es “ilegítimo”.
“Simultáneamente estamos pidiendo información que no ha sido publicada; por lo tanto, hay aspectos de fundamentación del fondo del tema que todavía nos reservamos en el recurso que estamos presentando”, concluyó.
