Las empresas dueñas de Montecon, la chilena Ultramar y la canadiense ATCO, llevarán el caso ante tribunales internacionales de arbitraje. Señalarán el acuerdo entre el Gobierno de Luis Lacalle Pou con la empresa belga Katoen Natie que amplió los plazos de la concesión de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo y reformuló normativas portuarias.
“Las demandas internacionales no van a ser de Montecon, sino de sus accionistas, que van a defender sus intereses y sus inversiones en Uruguay. Estamos en el proceso de presentar las cartas que anuncian esos arbitrajes y, seguramente, en las próximas semanas haya información al respecto”.
Así confirmó al semanario Brecha el gerente general de Montecon, Martín González. La precisión es importante, porque los acuerdos de protección de inversiones que nuestro país firmó con Chile (en 2010, ratificado dos años después) y con Canadá (de 1999), señalan que una empresa no puede solicitar arbitraje internacional si antes inició caminos legales en otras instancias judiciales, como un tribunal de jurisdicción nacional.
Antes del arbitraje, hay un período de conciliación que es obligatorio y tiene un plazo de seis meses. Los intentos de acercamiento se concretaron en diciembre de 2021, cuando la delegación de chilenos encabezada por Richard von Appen se reunió con jerarcas de la Presidencia en la Torre Ejecutiva.
Sin embargo, desde esa reunión hasta la fecha, no se confirmaron otras instancias de acercamiento entre las partes. El gerente González confirmó a Brecha que, a abril de 2022, no existe ninguna negociación puntual con el Gobierno. En setiembre, el presidente Lacalle Pou tuiteó en su cuenta personal que los funcionarios denunciados por el Frente Amplio en función de sus acciones en el acuerdo con Katoen Natie trabajaron bajo su supervisión y que es su responsabilidad.
El juicio en tribunales internacionales fue uno de los motivos que esgrimió el Gobierno para acordar con Katoen Natie. La empresa belga señaló que solicitaría 1.500 millones de dólares en un arbitraje. Ahora, con el análisis jurídico de Montecon, el país podría litigar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, el mismo tribunal del juicio de Phillip Morris), un tribunal conformado en base a las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o cualquier otra institución de arbitraje o de conformidad con cualquier otro reglamento de arbitraje.
A esto se debe sumar el juicio que la bancada de senadores del Frente Amplio impulsa en estrados penales uruguayos, la investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia (que fue dilatada a inicios de este año por una resolución del subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza), y las acciones de Montecon y el sindicato portuario ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, a inicios de abril, no objetó el acuerdo con la firma belga en una definición dividida de los ministros, pero deberá incorporar un informe de los representantes de la oposición que está en contra de lo decidido.