Javier Acosta, secretario del Interior de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), dijo a Menú Informativo que para este año la pérdida del salario real en los trabajadores del sector será del 10%.
Funcionarios de la salud público y privado paralizan sus actividades para concentrarse frente al Ministerio de Salud Pública (MSP) para luego marchar a Torre Ejecutiva, en defensa de la negociación colectiva y mejores condiciones laborales.
En diálogo con Javier Acosta, secretario del Interior de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), recordó que hubo un recorte de 100 millones de dólares que repercutió en el funcionamiento de los servicios en los hospitales y una pérdida del salario del 6%.
Además, los funcionarios de la salud pública perdieron una partida denominada Meta 5 que representa el 3% del salario, por lo que prevén que para este año la pérdida del salario real alance un 10%. “Nunca hemos perdido tanto salario”, opinó.
También señaló que la única ayuda que hubo de parte del gobierno fue que a través del Fondo Covid ingresó personal para atender las áreas que trabajaron en la pandemia, como los CTI y para hisopar y vacunar.
Fueron alrededor de 4 mil personas las que ingresaron y actualmente hay 2.800 personas, lo que generará un importante número de vacantes.
De estos 2.800 hay un grupo importante que renovará el contrato por un mes más, pero con muchos menos horas.
Asimismo, Acosta indicó que una de las prioridades de la FFSP es la discusión presupuestal del recorte anual de 100 millones de dólares. “No sabemos cuál es el proyecto de ASSE para el quinquenio”, acotó.
También mencionó que se han distribuido ambulancias, “pero cuando las recorremos no hay personal”, y en la Rendición no hay personal para manejarlas.
“Ninguno de los cuatro partidos de la coalición de gobierno prioriza en salud”, señaló.
Por otra parte, cuestionó que el MSP haya fiscalizado a los hospitales de Juan Lacaze y Rosario, donde cerró sus bloks quirúrgicos, lo que condicionó a los pacientes de estas prestaciones que deban atenderse en el sector privado. “¿Por qué se fiscalizó al sector público y no al privado?”, preguntó Acosta.
