El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó que el Estado uruguayo violentó derechos consagrados en los docentes que posaron junto al Liceo 1 de San José con una pancarta del NO a la reforma educativa del gobierno en la campaña electoral de 2019, y cuestionó la creación de una Comisión Investigadora parlamentaria sobre las licencias sindicales de los profesores, tema del que el presidente de Fenapes, José Olivera, habló en Nada Que Perder de M24.
Olivera explicó que “este dictamen del Comité, ratificado por el Consejo de Administración, el organismo que es la dirección de la OIT”, contiene “dos grandes componentes” y el primero de ellos es “central para el conjunto del movimiento sindical, con independencia de la situación de Fenapes”.
Precisó que alrededor de ese punto “el Comité entiende que la libertad sindical no se explica por sí misma, no es autosuficiente” sino que “tiene que estar vinculada para su desarrollo pleno a otros derechos humanos fundamentales como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión”.
“Y que la naturaleza y carácter de las organizaciones sindicales no se puede limitar solamente a las cuestiones salariales o condiciones de trabajo” sino que “las organizaciones tienen el derecho, en tanto son organizaciones políticas, a expresarse en temas sociales y económicos de su interés”.
“Pero que además -y esto es lo fundamental- lo puede hacer en su lugar de trabajo (…), y en el caso de San José concretamente -donde aparte de proselitismo también se manejó en algún momento como sinónimo el tema de la laicidad- la OIT dice que la Administración debe tener una justa ponderación entre la acción que se realiza por parte de la organización sindical y el posible daño que se le pueda generar a los estudiantes”, citó.
“Vaya casualidad que en el caso del liceo de San José, todos los hechos materiales, todas las pruebas señalan la ausencia del factor estudiantes, es decir no había ningún estudiante” cuando los profesores sancionados y perseguidos hicieron una actividad de neto corte sindical y social, destacó.
Para Olivera, “el Estado debiera tomar nota, por lo menos (…) tres actores que debieran empezar a revisar algunas de estas cuestiones: en primer lugar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en tanto organismo rector en materia de relaciones laborales y que por lo general es quien habla por el Estado y el gobierno uruguayo en el ámbito de la OIT, que es tripartito”.
“En segundo lugar, la propia Administración” Nacional de Educación Pública, “en definitiva fue la que terminó violentando los derechos que hoy se señalan por parte del Comité de Libertad Sindical como violentados”.
“Y en tercer lugar el propio Parlamento”, cuya “Comisión de Legislación del Trabajo tendría algún rol a jugar en el marco de esta situación, que no se agota con la situación de los compañeros del liceo de San José sino que el otro componente importante es la crítica por elevación que hace el Comité a la judicialización de las diferencias políticas con la organización sindical mediante lo que fue la Comisión Investigadora del Parlamento”.
En torno a esto, indicó que “el Comité dice dos cosas muy importantes: una es que los dirigentes sindicales no tienen impunidad pero (también dice que) la judicialización en materia penal, o el encarcelamiento, no puede darse sobre la violentación del derecho a la libertad sindical; esto lo dice claramente en su dictamen el Comité de Libertad Sindical”, apuntó Olivera.
“Y lo segundo que dice es que el Estado, en tanto empleador, no puede ser juez y parte en la interpretación o cuando hay dudas en torno al alcance de un convenio”, en este caso uno referido a la utilización de horas sindicales.
Asimismo y “también importante, dice el Comité de Libertad Sindical que el Estado uruguayo se basa solamente en la formalidad de la existencia o no de un convenio, cuando es notorio, y hay elementos de jurisprudencia en algún sentido, de que la negociación colectiva no siempre implica su formalización en un instrumento que puede ser un documento, de hecho hay en el mundo experiencias de negociación colectiva de palabra”.
Para el presidente del sindicato de profesores de Secundaria, “todos estos elementos nos tienen que llevar a reflexionar sobre un elemento que no hay que dejar pasar, y es la intencionalidad política de la criminalización de las organizaciones sindicales, que hoy se sigue perpetuando”, advirtió Olivera.