ONU advierte al gobierno por proyecto sobre prisión domiciliaria que beneficia a represores: es "contrario al derecho internacional"

Canciller Francisco Bustillo. Foto: Daniel Rodríguez / Adhocfotos

En una comunicación dirigida al canciller Francisco Bustillo cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su "profunda preocupación" por el proyecto presentado por Cabildo Abierto en el Senado.

Este miércoles la Organización de Naciones Unidas (ONU) se expresó sobre el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto sobre la sustitución de penas privativas de libertad por régimen de prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de sesenta y cinco años, que de ser aprobado beneficiará a los represores de la dictadura recluidos en Domingo Arena.

Mediante una carta, cinco relatores expresan "profunda preocupación" por dicho proyecto, y señalan que pone como excusa la pandemia de Covid-19 “sin mediar una evaluación de cada caso particular y permitiendo la continuación de dicho régimen con posterioridad a la finalización de la situación de emergencia”.

Advierten que de aprobarse otorgaría "de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional”.

Asimismo cuestionan que el proyecto oficialista "no establece que esos beneficios quedarán sin efecto una vez finalizada la emergencia referida", sino que "por el contrario, establece expresamente que los beneficiados continuarán con régimen domiciliario, presumiblemente hasta finalizar su condena".

"Las medidas de prevención adoptadas en el marco de la lucha contra el COVID-19 deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y no promover la impunidad de derecho o de facto", agrega el escrito enviada al representante uruguayo en la ONU, en la que se solicita que sea dirigida "a la mayor brevedad posible" al canciller Francisco Bustillo.

En ese sentido disponen de "proveer la asistencia técnica que pueda ser necesaria" y le piden al gobierno que explique como dicho proyecto puede ser compatible con el Derecho Internacional.

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