Nuestro país integra una lista de 9 países de América Latina y el Caribe señaladas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, mediante un comunicado emitido ayer miércoles, alerta sobre las diversas "amenazas" o "acosos" que sufren estos organismos los respectivos países.
Existe un creciente número de "amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (...) por parte de gobiernos y otras personas de poder", subrayó la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
En este sentido, esta oficina de la ONU ha observado que en los dos últimos años "ha recibido un número creciente de denuncias de INDH (Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson) de la región, que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato".
Al detallar cada uno de los incidentes ocurridos en los países mencionados, entre los cuales se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y México, en el caso de Uruguay se registraron "declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución".
“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, explicó Bachelet.
“Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”, añadió.
En tanto, la jefa de esta oficina de la ONU exhortó a las autoridades respectivas "para que establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones".
Larrañaga enfrentado
En Uruguay durante el 2020 se han registrado episodios de enfrentamiento entre el ministro del Interior, Jorge Larrañaga y la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo (INDDHH).
El 29 de julio dicha institución, un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, emitió una resolución en la que calificó la intervención de un Policía en un procedimiento en el barrio Malvín Norte, como "actuación ilegítima".
EL organismo advertía que se habían violado "los derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal por parte de la Policía Nacional".
El episodio tuvo cobertura mediática al igual que la respuesta del ministro sobre esa resolución, quien sostuvo que la INDDHH "se ha desmadrado en su accionar" y que además se había convertido "en una deriva ideológica, impulsando un cántico contrario a la Policía, alentando la división y el enfrentamiento".
A principio de setiembre de 2020 el ministro Larrañaga había señalado al programa radial En Perspectiva, respecto a declaraciones de la institución sobre presuntos abusos policiales ocurrido en los últimos meses desde entonces, que era increíble que era organismo “termine defendiendo poco menos que situaciones que están fuera de la ley”.
Días después, M24 entrevistaba a Wilder Tayler, presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien aseguraba que la relación era "correcta" con todo el gobierno menos con Larrañaga.
«Alrededor de 26 denuncias de incidentes, importantes, que parecía una tendencia de un estilo un poco fuerte de la Policía en la calle, sobre todo con gente joven. Eso salió en las redes y la gente lo denunció (…) Pedimos una reunión para conversar y él dijo a través de los medios de comunicación que no nos recibía», afirmaba Tayler.
Y advertía: "En Naciones Unidas, en temas como la defensa de los derechos de los niños, como los defensores de los derechos humanos y la desaparición forzada. Uruguay ha tenido un rol muy importante. Este tipo de pronunciamientos erosionan y desgastan la imagen de nuestro país en las instituciones internacionales».
