El cambio del régimen de certificaciones médicas para los trabajadores del sector público que el gobierno está procesando con su mayorías legislativas desconoce “la negociación colectiva” y “pone en riesgo la salud” de los funcionarios, “de los usuarios y del resto de los compañeros” de quien “tenga que ir a atender con un poco de fiebre, tos, resfriado porque sabe que si no, le van a descontar del salario”, advirtió el presidente de COFE y de la Federación de Salud Pública, Martín Pereira, en Menú Informativo.
Sobre la modificación en curso parlamentario Pereira explicó que “reside en que los trabajadores estatales, cuando tenemos una certificación médica percibíamos el 100% del salario, y lo que se votó en la Rendición de Cuentas (…) es que se va a tener 9 días anuales sin descuento y al décimo día va a empezar el descuento del 25% del salario de los trabajadores”.
Además, “todo esto” se procesa “sin haber pasado por el marco de la negociación colectiva, que es parte de lo que reclamamos en COFE: que en lo que va del gobierno ni en el Presupuesto ni en las rendiciones de Cuentas se ha sentado a negociar el articulado y después sucede, como sucedió ayer en el Senado, que se votan estas rebajas de derechos a los trabajadores”.
El gobierno “plantea que es igualar con el sector privado; entendemos que esa no es una discusión porque igualar, en todo caso sería igualar para arriba y no para abajo; y acá no es trabajadores contra trabajadores sino que es el gobierno quitando derechos a los trabajadores estatales”, puntualizó.
Acerca de la motivación última de dicha modificación en el régimen, el entrevistado explicó que “OPP tiene cálculos de que estaría recaudando con el ajuste sobre el salario de los trabajadores alrededor de 85, 90 millones de dólares, y es el organismo que ha presionado incesantemente desde la discusión presupuestal para que se aprobara esta situación”, señaló Pereira.
Apuntó que con “corregir los abusos” de algunos funcionarios públicos en la utilización de certificaciones médicas irregulares “estamos todos de acuerdo; nosotros entendemos que cuando un trabajador abusa de un certificado médico falsificado no está yendo solamente contra el Estado sino que está dejando a sus compañeros con el doble de trabajo a realizar”; sin embargo, ese problema “no se soluciona de esta manera, y lo único que están buscando es ajustar y hacer caja para el gobierno”, acusó el dirigente.
Este miércoles 5 COFE emitió un comunicado al respecto y allí recuerda que los trabajadores de la salud se ven más afectados que los demás a causa de este recorte; Pereira, quien es presidente también de la Federación de Funcionarios de Salud Púbica, precisó que eso es así porque “estamos en continuo contacto con mayores posibilidades de contraer enfermedades”.
En ese sentido evocó “lo que fue la pandemia y el coronavirus, el casi colapso de los hospitales, los centros de atención, porque los compañeros caían contagiados por más de tener los equipos y trabajar, estaban mayormente expuestos (…) y no podemos ir a trabajar enfermos”, reclamó.
“Imagínense alguien con un poco de fiebre, con tos, resfriado, que tenga que ir a atender porque sabe que si no, le van a descontar del salario (…); entonces lo que va a suceder es lo que sucedía antes de que tuviéramos el régimen del 100% del pago: que compañeros enfermos van a trabajar a las distintas oficinas u hospitales o el trabajo que tengan para no tener un descuento salarial; entonces se pone en riesgo su propia salud pero también pone en riesgo la salud de los usuarios y del resto de los compañeros”.
