El préstamo será aprobado en octubre, adelantó el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Daniel-Granados.
“CAF va a financiar mediante un préstamo de 130 millones de dólares la construcción de la represa de Casupá, que es la reserva de agua bruta dulce que precisa el área metropolitana para asegurar el abastecimiento de agua potable hacia 2045”, informó este lunes en rueda de prensa el presidente de OSE, Pablo Ferreri.
Las palabras de Ferreri fueron brindadas luego de la firma del convenio de cooperación técnica entre OSE y el Banco de Desarrollo de América y el Caribe (CAF) por el cual el servicio descentralizado de agua potable recibirá un aporte no reembolsable de 160.000 dólares para la “actualización del estudio de impacto ambiental” y la “elaboración de los pliegos licitatorios” del proyecto en Casupá, informó OSE en su página web.
Ferreri aseguró que el convenio permitirá a OSE contar con los pliegos disponibles “a fin de año para lanzar la licitación pública a inicios de 2026” y así “adjudicar” la obra “a finales de 2026”, con el objetivo puesto en comenzar la construcción de la represa de Casupá “a principios de 2027”. Asimismo, el acuerdo suscrito en la jornada incluye el asesoramiento técnico para responder las consultas de las empresas interesadas en participar de la licitación.
En cuanto al préstamo de la CAF para la obra, Ferreri adelantó que 110 millones de dólares serán destinados a este fin y 20 millones de dólares serán dedicados a la expropiación de 3.500 hectáreas. Esta represa acumulará 118 millones de metros cúbicos de agua bruta. A modo de comparación, el titular de OSE recordó que Paso Severino acopia 67 millones de metros cúbicos.
Este préstamo será aprobado en octubre por la CAF, adelantó su presidente ejecutivo, Sergio Díaz - Granados. “Estas obras van a ayudar al país a prepararse mejor para la resiliencia al cambio climático”, indicó el jerarca. Con más de 25.000 millones de dólares volcados a la región en “proyectos verdes”, la iniciativa en Casupá será “un espejo en el que podrán verse muchos de los países de la región”, reflexionó Díaz – Granados.
Por otra parte, Ferreri destacó que el acuerdo de cooperación con CAF integra un préstamo por 64 millones de dólares para la modernización del servicio descentralizado, en el marco del programa denominado OSE 4.0. Este proyecto desarrollará nuevos sistemas informáticos, la actualización de los procesos para la gestión de riesgo, ciberseguridad, mejoras en los sistemas comerciales y de contabilidad, y un programa de telemedición. “OSE debe dejar de ser una empresa rezagada tecnológicamente para ser una empresa de punta”, abogó el presidente de OSE.
En 2014, CAF ya había aprobado un préstamo por 80 millones de dólares
El proyecto de represa en Casupá forma parte de un estudio de 1970 financiado por la OEA sobre recursos hídricos del río Santa Lucía. La iniciativa fue retomada en noviembre de 2014 con el acuerdo de cooperación técnica entre OSE y la CAF para delinear las principales características del proyecto de presa, según informó la web de Presidencia.
En diciembre de 2019, el entonces presidente Tabaré Vázquez presentó ante jerarcas y los alcaldes de Aguas Corrientes, Santa Lucía y Canelones el estudio sobre el estado de situación de la cuenca del río Santa Lucía. Esto incluyó el plan para la instalación de la represa en Casupá, a través del crédito acordado con la CAF por 80 millones de dólares y otros 20 millones de dólares de OSE para la expropiación de 2.882 hectáreas.
Sin embargo, este proyecto fue descartado por la administración de Luis Lacalle Pou. En mayo de 2023, el presidente recordó que Vázquez le dejó “dos carpetas”, una era “la obra de la supuesta o futura represa de Casupá”, cuyo financiamiento desmintió que fuera por 80 millones de dólares sino “250 o 270 millones”.
La Diaria recordó que OSE renovó el contrato con CAF por este proyecto año tras año porque la estatal “se encontraba estudiando distintas alternativas”, hasta que el gobierno pasado definió la construcción del proyecto Neptuno, iniciativa cuyo contrato fue suscrito en enero de 2025, cinco semanas antes del cambio de mando. Tras un intervalo de negociación de 90 días, el gobierno y la firma adjudicataria acordaron la modificación del contrato, con lo cual Neptuno quedó sin efecto.