El decreto regulatorio de entrega de documentación de viaje a ciudadanos que estuvieran fuera del país vigente cuando Cancillería le expidió y envió un pasaporte al narcoempresario Sebastián Marset, “permitía no entregar ese pasaporte” en virtud de “un artículo” que preveía “situaciones dudosas o sospechosas”, casos en los cuales “se resolvería entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores”, señaló el exdirector Nacional de Identificación Civil, Ruben Amato, en Menú Informativo.
Amato recordó que acerca del episodio de la expedición del pasaporte a Marset cuando estaba preso en Dubái, “lo que se planteó en su momento por las autoridades actuales era que el decreto vigente no les permitía hacer otra cosa que entregar ese pasaporte; yo expresé una y mil veces que les permitía no entregar ese pasaporte porque había un artículo que decía que ante situaciones dudosas o sospechosas la situación se resolvería entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE)”.
“Ahora, que una cónsul” de nuestro país “vaya a un establecimiento carcelario” del país en el que está cumpliendo misión diplomática “a tramitar un pasaporte a una persona detenida… ¿para qué? Si estás detenido no necesitás el documento de viaje”, se preguntó el exjerarca.
“Por otro lado -añadió a continuación-, que la cónsul, en la hoja que se llama de filiación, donde se toman los datos de la persona, que lo firma bajo declaración jurada, establezca que esa persona vive en un hotel muy lujoso de la ciudad o del país cuando la persona ya sabe que fue a la cárcel a hacer un trámite, es otra cosa que ha quedado sin resolver”, alertó Amato.
“El motivo por el cual necesitaba el pasaporte, ¿es porque se escrituraron un domicilio inexistente? Todavía está por aclararse; y por otro lado, la normativa permitía que ese pasaporte se investigara más, se procesara, no se entregara como se entregó, se esperara a que se aclararan determinadas situaciones; y la norma lo permitía en el último artículo del decreto hoy derogado, en el cual decía específicamente (…) que cualquier duda o situación que no estuviera contemplada en el decreto tenía que ser resuelto por el MRREE y el del Interior”, recalcó, desestimando la versión oficial.
“Si ustedes me van a decir que esta no era una situación no prevista, o inesperada, o que no llamaría la atención hacer un pasaporte en una cárcel, ahí podemos hablar de otras cosas”, reflexionó el exdirector de la DNIC.
Como consecuencia de este episodio el gobierno destituyó al entonces director de esta unidad ejecutora del Ministerio del Interior, Alberto Lacoste, “una destitución sin demasiado fundamento”, cuestionó Amato; “porque la práctica o lo que el funcionario hizo, lo habíamos instrumentado ya en tiempos anteriores, y está todo institucionalmente constatado”, anotó, y describió casos de viajes particulares que ameritaron esa instrumentación; “eso es lo que nos llevó a tener el Premio Nacional de Calidad”, reivindicó.