Parece que el gobierno alienta el trabajo informal luego de derogar la resolución del BPS que controlaba los laudos, sostuvo Andrade

Foto: Fernando Pena/ adhocFOTOS

“Cómo puede ser que el ministro dice que uno de los objetivos es la formalización del trabajo y este año el BPS resolvió que deja de controlar los laudos”, sostuvo el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, tras la comparecencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social a la Comisión de Presupuesto con hacienda de la Cámara Alta.

Andrade comentó que una de las preocupaciones de la oposición tiene que ver con medidas que alientan el trabajo informal, cuando se rebajan las sanciones a las empresas que incumplen la normativa, “o cuando el BPS acaba de definir que deja de controlar de oficio los laudos”, mediante una resolución hecha en agosto de este año.

El senador informó que dicha resolución se presentó en la comisión donde estuvo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

“Cómo puede ser que el ministro dice que uno de los objetivos es la formalización del trabajo y este año el BPS resolvió que deja de controlar los laudos”, sostuvo Andrade.

En este sentido, ejemplificó que, si en un trabajo determinado el laudo es de 30 mil pesos, pero el empresario resuelve pagar al trabajador en caja unos 20 mil, el ente entiende que ya no es su tarea controlar de oficio dicho laudo, sino que lo debe hacer otra dependencia.

“Se parece más a un argumento burocrático que la necesaria articulación pública para lograr un objetivo que es coordinar los espacios públicos para intentar que no hay competencia desleal”, enfatizó.

Y concluyó: “Uruguay llegó a tener un 40 y pico por ciento de trabajo informal. Haber bajado a un 23% que es mucho, fue un esfuerzo enorme”.

En la resolución, se señala que no es competencia del ente “asegurar de oficio el cumplimiento de los laudos de los consejos de salarios vigentes en los casos concretos que se detecten incumplimientos”, por lo cual la resolución del 2006 – primer período de gobierno del Frente Amplio – queda derogada.

Mieres explicó que la función de fiscalizar le compete al ministerio de Trabajo.

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