Eliana Moreira dijo que en la salud hay demoras para diagnosticar, no hay apoyos “reales” y agregó que hacen falta más profesionales especializados en la educación.
En Uruguay, el 6% de la población tiene algún tipo de discapacidad y el 50% de los niños y adolescentes dentro de este segmento vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas. La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó el informe Población en Situación de Discapacidad y Prevalencias a partir del censo 2023, mediante una consultoría realizada junto a Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Según el estudio, hay más de 18.000 niños y adolescentes entre cinco y 19 años que viven con una discapacidad, lo que representa el 9,2% del total de personas en esa situación en Uruguay.
La periodista Alejandra Couto, en su informe para Nada que Perder dialogó con la vicepresidenta del colectivo Todos Pertenecemos, Eliana Moreira, quien contó que las familias donde hay un miembro en situación de discapacidad se enfrentan a la “vulneración sistemática de derechos”.
Explicó que esa vulneración ocurre en la educación, en la salud y en el derecho al esparcimiento. En el caso específico de la salud, Moreira contó que hay demoras para diagnosticar, no hay apoyos “reales” ni un acompañamiento integral. “Cuando hablamos de educación, no hay profesionales especializados para trabajar con diferentes condiciones o discapacidades”, agregó.
Moreira valoró positivamente que existan datos actualizados, pero aclaró que la información “no se puede tirar al aire” sin que esté acompañada de “acciones concretas”. En ese sentido, reclamó que es necesario que exista una política de largo plazo y que trascienda los períodos de gobierno.
Sobre esto último se refirió el director de Discapacidad del Mides, Federico Lezama, la semana pasada en entrevista con Nada que Perder. “Asumimos con el compromiso de institucionalizar una política pública en discapacidad, que tiene que ver con revertir el enfoque de agregación de medidas y pensar en el conjunto de la población”, explicó Lezama.
Con ese propósito se crea el Instituto Nacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, que tiene un presupuesto asignado, al que se integrará el que ya existe en la actual Dirección de Discapacidad. “Ese instrumento va a tener la rectoría de la política, pero el impacto de esa política está en el conjunto de los organismos del Estado”, especificó.
Por otro lado, Couto consultó a la directora general de Educación Inicial y Primaria de ANEP, Gabriela Salsamendi, quien contó que existe una resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP, con fecha del 6 de mayo de 2025, que encomienda a las direcciones generales a realizar una revisión integral para avanzar en la concreción del derecho a la accesibilidad de los centros educativos. “Se estableció, en función de esa revisión, que se fortalezcan los mecanismos para que los estudiantes con discapacidad puedan acudir a cualquier centro educativo, sin límite por clase”, complementó.
“Las familias pueden anotar a su niño en cualquier escuela, en el marco de la inclusión, y no estamos generando escuelas solo para determinados niños, sino que consideramos que todos son distintos y que todos requieren distintas formas de acceso a los objetos de conocimiento”, concluyó la jerarca.
Por último, Graciela Villar, maestra de escuelas especiales, manifestó a Couto que los niños asisten a escuelas especiales porque cuentan con informes pedagógicos y diagnósticos. Generalmente, según contó Villar, ingresan en segundo o tercero de escuela, cuando se registra una repetición reiterada en los primeros años de escolaridad. “Son los padres quienes tienen la última palabra sobre el ingreso de los niños a las escuelas especiales”, explicó.