Tanto blancos, colorados como cabildantes plantean duras críticas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INNDD) por considerarla sesgada desde el punto de vista ideológico, por atacar a la Policía y colaborar con la delincuencia.
Uruguay integra una lista de 9 países de América Latina y el Caribe señaladas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, mediante un comunicado emitido en mayo de 2021, alertaba sobre las diversas “amenazas” o “acosos” que sufren estos organismos en los respectivos países.
La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, afirmaba que existía un creciente número de “amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (…) por parte de gobiernos y otras personas de poder”.
En el caso de nuestro país se registraron “declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución”.
“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, explicaba Bachelet.
"Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”, añadía.
Desde entonces esta tensión se había manifestado mediante expresiones del ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien señalaba que el INDDHH se encontraba "en una deriva ideológica, impulsando un cántico contrario a la Policía, alentando la división y el enfrentamiento”, luego de que el organismo emitiera una resolución en la que calificó la intervención de un Policía en un procedimiento en el barrio Malvín Norte, como “actuación ilegítima”.
Desde aquel episodio hasta el momento se han sumado nuevas voces del mismo cerco político, haciendo oídos sordos a las advertencias de Naciones Unidas.
Por ejemplo, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, cuestionó al INDDHH luego de que este órgano diera a conocer un informe en el que pidió una “urgente investigación” del gobierno sobre los casos de abuso policial denunciados por la Asociación de Defensores Públicos el año pasado.
Respecto a esto, uno de los directores de la institución, Wilder Tayler, indicó a la prensa que el gobierno “minimiza” el problema y desestima la seriedad de las denuncias, con excepción de aquellos casos en que hay filmaciones.
Para Argimón la INDDHH “intervino” en la campaña de cara al referéndum contra la ley de urgente consideración del 27 de marzo. “Llegó el momento de replantear muchos aspectos” del funcionamiento de la institución, sostuvo la segunda de la República.
El viernes pasado el ex presidente y dirigente colorado, Julio María Sanguinetti, señalaba en el Correo de los Viernes que el INDDHH "está ayudando a los delincuentes" por haber expresado una crítica a la LUC, en particular sobre el capítulo de seguridad pública.
Por su parte, el senador de Cabildo Abierto (CA), Guillermo Domenech, sostuvo que la defensoría del pueblo “no debería existir”.
En diálogo con La Diaria, el cabildante opinó que “es una institución que fue creada por una ley que tiene numerosas previsiones que entiendo que son inconstitucionales, y que ha cumplido una función sesgada y yo diría hasta mentirosa, porque no hay peor mentira que una verdad a medias”.
“En lo personal” comentó que la Ley 18.446 “debería ser derogada, porque invade competencias de los organismos constitucionales y particularmente del Poder Judicial”.