Para la central de trabajadores hay que apuntar a incluir a los activos que están en la informalidad, mitigar el impacto de la carestía en los sectores más vulnerables a través del Ministerio de Desarrollo Social y buscar acuerdos con las empresas para que haya más productos de la canasta con precios más bajos que los actuales.
El PIT-CNT se reunió con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para presentar otras alternativas con el objetivo de mitigar el impacto de pérdida salarial que atraviesan los trabajadores del país.
En diálogo con el Menú Informativo, Bruno Giometti del Instituto Cuesta Duarte contó que se visualiza a los trabajadores que están en la informalidad y que, al no integrar los espacios de negociación colectiva, no recibirían los posibles ajustes salariales.
“Propusimos ajustar el salario mínimo nacional, que si bien no hay una ley que obligue a pagárselos a los trabajadores informales, está estudiado que funciona como una referencia para el mercado de trabajo informal. Aumentar el salario mínimo nacional podría ser una política que permita ajustar al alza los ingresos de esos trabajadores que están en una situación más comprometida”, explicó.
En tanto, adelantó que se le pidió al ministro “reforzar las medidas en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales”, ya que entienden que las definiciones adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social han sido “insuficientes”.
En este caso apuntó que actualmente hay 60 mil personas pobres más que en 2019. “Seguramente con la escalada de precios de los últimos meses, esta situación se haya agudizado, sobre todo porque los mayores aumentos se dieron en los alimentos”, subrayó.
Otro de los aspectos que se dialogó con Mieres fue el de insistir en la contención de los precios de los artículos que incluyen la canasta de consumo. “Buscar la forma de acordar con las empresas, aunque sea transitorio”, aclaró.
En otro orden, dijo que la pérdida salarial en estos dos años que va de gobierno ha sido “generalizada”, abarcando tanto el sector público como el privado, lo cual arrastra a las jubilaciones que se ajustan por el Índice Medio de Salarios.
Si en el 2022 se logra no perder, en el 2023-24 tendríamos que recuperar el 4% en esos dos años para que el gobierno cumpla con su compromiso de recuperación salarial del quinquenio.
Sin embargo, sostuvo que esto no implicaría recuperar el bienestar económico que se perdió en el trayecto.
“En el mejor de los casos, en el 2025 estaríamos en el mismo nivel de poder de comprar del 2019, pero en todos los años que transcurrieron entre medio estaríamos por debajo. En todo caso se recupera el nivel adquisitivo anterior. Mientras esa pérdida se produce, hay sectores que están acumulando ganancias. Hay aumentos de los depósitos, tanto en el exterior como en el sistema bancario nacional y nivel récord de exportaciones de los principales productos”, explicó.
Indicó que no se está planteando una recuperación salarial de forma “caprichosa”, sino porque a su entender existen las circunstancias materiales, a pesar de que advirtió que puede haber empresas con dificultades económicas. “Eso los trabajadores lo van a tener en cuenta”, dijo, a la hora de negociar.
“Pero a nivel macro, con un crecimiento del 4% del PBI, debería permitir un crecimiento del 4% de la masa salarial de la economía en el mismo período, o mantenimiento como es lo que se está planteando”, detalló.
Consultado respecto a si el aumento anunciado por el presidente Luis Lacalle es a cuenta del próximo ajuste salarial anual, Giometti señaló que ello implica “un adelanto” y que cuando en enero se calculen los correctivos se añadirá el incremento de julio, por lo cual el correctivo de inflación a fin de año – que es la diferencia de la inflación realmente producida y los porcentajes que se dieron de aumento – sería menor.
“El 2% que adelantan en julio en enero no termina otorgándose (…) no termina siendo un porcentaje de recuperación adicional”, acotó.
Para el economista de la central de trabajadores, con esta medida el gobierno lo que hace es reconocer la dificultad de la situación económica de deterioro del poder de compra.
Además, de no efectuarse este adelanto, se acumularía para el año que viene, donde tendrían que dar correctivos “muy grandes, porque sería la diferencia de dos años entre la inflación efectiva y la esperada”.
“Capaz que algunos empresarios prefieren dar un correctivo ahora para que en julio de 2023 no tengan que dar un correctivo de valores más grandes”, sintetizó.
