La mayoría oficialista en la Ursec aprobó que la empresa Amazon venda el servicio de internet satelital en Uruguay, asunto del que Pablo Siris, director frentista del ente, habló en Nada Que Perder.
Dada la extensa cobertura de conexión a internet de calidad en el país “el impacto entiendo que no va ser mucho”, indicó Siris, pero advirtió que “son pequeños impactos que se van sumando a una situación en la que Antel está siendo cada vez más desprotegida”.
En esta administración “se busca que la empresa estatal brinde servicio a quienes compiten con ella, entonces empieza a ser una situación compleja que va dibujando un mapa en el cual, por todos lados, le vamos quitando a Antel la posibilidad de competir con estos operadores, por lo menos en condiciones de igualdad”.
Objetó asimismo que “estas empresas lo que generan en territorio es simplemente oficinas de ventas y a veces ni eso; de hecho, Starlink no tiene siquiera una oficina de ventas en nuestro país” sino tan solo “una representación a través de un estudio jurídico y más nada; no generan en nuestro país ni empleo ni trabajo ni desarrollo ni investigación ni inversión en infraestructura; nada”.
Para Siris, desde “una concepción en nuestro país de desarrollo tecnológico pensando en el futuro”, ese tipo de autorización “no parece una buena opción para los usuarios ni para el país ni para la soberanía nacional ni para el futuro de las telecomunicaciones ni para el futuro del trabajo ni para ninguna otra alternativa”.
Desde lo conceptual, criticó el hecho de que en “la política que ha desarrollado el Poder Ejecutivo en relación a este tema, hay una vocación de liberalizar las telecomunicaciones de manera total, ampliando toda la base en la cual Antel hoy podría desarrollarse; se le dejan a Antel solo las tareas que no son rentables, como por ejemplo la telefonía fija, que está en permanente caída”, recordó.
“Y en cambio, todas las que podrían generar vías de desarrollo nacional e innovación, y de ganancia -por supuesto- para la empresa estatal, se les van abriendo a operadores privados a costa de las inversiones que realiza la propia empresa estatal, o que buscan operar a costa de la inversión de la empresa estatal”.
“No parece un modelo que piense en el futuro del país sino más bien parece uno destinado a proteger los intereses de operadores privados, tanto nacionales como multinacionales”, cuestionó.