El planteo se hace en el marco de una situación económica que golpea al sector del comercio del litoral ante la diferencia cambiaria con el país vecino.
Los comercios de Río Negro, Salto y Paysandú sufren la diferencia de precios son sus homólogos argentinos con ventas que han disminuido en el entorno del 30% y 40%. Esta diferencia de precios obliga a la población a cruzar el charco para hacerse de un surtido.
Las gremiales de la zona litoral de Uruguay han trasladado su preocupación a los intendentes y al gobierno nacional, pero las medidas como la rebaja del IMESI en el combustible no han contribuido a frenar el drenaje.
En ese marco, el Parlamento creó una comisión especial que analiza el problema y en el ámbito de la Comisión Especial de Frontera con Argentina se presentó una propuesta de un particular, el abogado de Paysandú Carlos Cabrera.
La idea apunta a crear un registro que ayude a “mitigar” los efectos de la diferencia cambiaria, consigna El Observador este viernes.
Es decir, confeccionar un registro y control sobre los cruces fronterizos, para quienes van y vuelven en el día a Argentina por los puentes internacionales.
El proyecto consiste en implementar un sistema informático en base al cruzamiento de datos que se generan en distintos organismos del Estado, como la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Aduana y el Ministerio del Interior.
De esta información se podrá otorgar un “puntaje socioeconómico” a cada persona y además se daría un cupo diario, con el objetivo de “organizar” el cruce hacia el país vecino y “beneficiar” a la población más vulnerable.
“Si tengo un vehículo del año 95, no estoy trabajando, no estoy registrado en el BPS y estoy cobrando un subsidio del Mides, el cruzamiento de información me va a generar mayor puntaje que la persona que tiene un vehículo del año 2023, una empresa y una propiedad inmueble a su nombre. A consecuencia del cruzamiento de datos, y con ese puntaje, la población más vulnerable tendrá preferencia en un porcentaje de cruce diario”, fundamentó el abogado sanducero.
Con este sistema se otorgaría un cupo de 1.000 personas por día, de los cuales 700 serían “para la población que realmente necesita cruzar” y el resto para quienes no lo precisan. Además, el sistema garantiza que no se conozca la identidad de la persona, aunque tendrá un número de cruce.
