La dificultad que hubo en el país esta semana con la distribución de combustibles fue “ni más ni menos que consecuencia del artículo 237 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), donde se le dio a la Ursea un plazo para la reforma del mercado de los combustibles”, advirtió el director de Ancap en representación del Frente Amplio, Vicente Iglesias, entrevistado en INFO 24.
Iglesias explicó que al efecto de proceder con ese capítulo de la reforma mencionada la Ursea “hizo unos estudios, contrató una consultora, y una de las etapas que tenía planteada era justamente la distribución secundaria y las estaciones de servicio”.
A dicha etapa “la aprobaron para poner en vigencia a partir de 1º de enero del 2024 (…) y los camioneros sentían algunos ruidos de que les iban a bajar el precio de los fletes y que iba a hacer no rentable su trabajo; (…) parece que nadie modeló lo que iba a pasar, y esto parece una suerte de improvisación”, cuestionó.
Es que después de eso, “de buenas a primeras damos marcha atrás, dan dos años de prórroga y dentro de dos años veremos”.
Subrayó que antes de estos cambios “teníamos un sistema, que funcionaba; y el objetivo principal, independientemente de todo esto, que es el combustible que iba a bajar, ¿el combustible bajó? No, lamentablemente tengo que decir que no, que incluso subió”.
Sobre la determinación de los precios Iglesias explicó que “Ancap hace su informe preceptivo de precios, Ursea hace una propuesta de informe preceptivo, su informe, y Presidencia de la República toma la decisión, que no siempre respeta ninguno de los criterios; eso es así, o sea que termina siendo, a las luces, una decisión política de cuánto va a valer el precio del combustible”, señaló.
