Proyecto de CA sobre deudas personales “tiene muchos peligros de generar mayor exclusión”, advierten desde Comisión Técnica Asesora de AEBU

En la exposición de motivos del proyecto de ley de Cabildo Abierto (CA) sobre endeudamiento personal “se habla mucho de la problemática pero es todo en base a percepciones, no hay evidencia” que lo sostenga tratándose de “un problema muy complejo que dudo mucho que se solucione con medidas simples”, criticó la economista Soledad Giudice, integrante de la Comisión Técnica Asesora (CTA) de AEBU, en Nada Que Perder de M24.

Un estudio desarrollado por la CTA de la Asociación de Empleados Bancarios sobre personas sobre-endeudadas con el sistema financiero formal subraya que son más de 690.000 y que más de la tercera parte del sector familia está categorizada como problemática en el aspecto crediticio.

Acerca del sobreendeudamiento individual Giudice explicó que “en donde se puede ver una evolución de las tasas que van subiendo a través de los últimos 10 años (…) es en el tema de consumo de personas, el crédito a familias (…) sin descuento de sueldo, sin autorización; esas tasas se ve que van subiendo año a año, con algún pico de baja tipo en pandemia, pero tienen una dinámica de suba”; y también se ve eso en “las microempresas”.

Respecto de estos estos últimos casos precisó que “el crédito de familia (…) muchas veces no se diferencia”, de lo que aportó un ejemplo: “tenés un almacén y necesitás un crédito y capaz que vas con tu cédula y es más fácil que presentar los papeles de la empresa” para obtenerlo; “entonces tampoco es que la categoría esté tan clara, cuando hablamos de familia probablemente muchos de estos datos sean también de microempresas”.

La economista también analizó el proyecto de CA y contó sobre este que  “arrancó mucho más restringido en su primera versión”, era menos “la gente que alcanzaba”; es que una segunda redacción “amplió el espectro de gente” que podría ampararse de ser aprobado, “es prácticamente toda la población, no estamos hablando solamente del sector vulnerable”, anotó.

En el texto “las tasas a priori que determina como máximas son bastante bajas, que esto puede ocasionar problemas serios en el mercado, de que muchas empresas pueden dejar de ser viables en su ecuación económica”.

“Y después determina el concepto de ‘deuda justa’ y un proceso judicial, (…) nos podríamos preguntar a priori si el sistema judicial está preparado para que le caigan 690.000 personas que tienen problemas de pago”.

Con una lógica similar cabe establecer “si Defensa del Consumidor, que también está metido en el proceso, tiene los recursos para atender a esa cantidad de gente; hay muchas preguntas que nos podemos hacer a priori, además de la posición que se pueda tener sobre el proyecto”, señaló.

Criticó que “en la exposición de motivos del proyecto se habla mucho de la problemática pero es todo en base a percepciones, no hay evidencia”; a la entrevistada, el de estas deudas le “parece un problema muy complejo, que dudo mucho que se solucione con medidas simples como decir ‘fijo una tasa justa’, ‘que el juez pueda determinar’ o ‘pongo un tope muy bajo’”.

“Tiene muchos peligros de generar mayor exclusión: si una empresa no tiene ningún producto para ofrecerte porque sos un cliente muy riesgoso, y no puede generar una tasa de interés más alta, o va a tener costos a nivel judicial por el proceso que determina el proyecto, puede decir ‘no me interesa, no te doy’, y a esa persona (…) le queda el mercado informal”.

Y éste “es un fenómeno que no estamos discutiendo, que no se está midiendo, y que hay que ponerlo arriba de la mesa porque ahí estamos hablando no de tasas de usura” sino de “tasas exorbitantes, mucho más elevadas que cualquier cosa que podamos ver en el mercado formal”.

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