Reforma jubilatoria: Lacalle dijo en campaña que no tocaría las condiciones pero el proyecto afecta a “cuarentones”, indicó Alejandro Sánchez

Alejandro Sánchez, senador del FA. Foto: Javier Calvelo - adhocFOTOS.

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez no tiene dudas de que hay que cambiar a la reforma jubilatoria que impulsa el Gobierno actual. Según expresó a M24, la siguiente administración deberá impulsar modificaciones en un marco de diálogo social porque “si los trabajadores del Uruguay se sientan a debatir se van a preguntar ‘¿qué ponen los poderosos?’ y, acá, no se los toca”.

Sánchez marcó durante la entrevista en Nada Que Perder (lunes a viernes desde las 08:00 horas) que, en este debate de las jubilaciones, nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de pedirle a los poderosos que aporten a la seguridad social; los únicos que insistieron en este punto fueron los movimientos sociales y el Frente Amplio, rememoró el senador. Como ejemplo, propuso que los colegios privados aporten a la seguridad social porque hoy en día la Anep paga más que los colegios como el British, cuyos costos son altísimos.

Para el Frente Amplio, la posibilidad de acceder a una jubilación a partir de los 65 años debería ser una opción voluntaria a partir de incentivos, porque “la fácil” es recortar jubilaciones como está haciendo el Gobierno, criticó. “¿Los robots no deberán pagar algún impuesto?”, consultó sobre una posibilidad que también se debate en otros países.

El legislador no tiene dudas sobre la necesidad de modificar a esta propuesta del Gobierno. Recordó que Lacalle Pou aseguró en campaña electoral que no se modificarían las condiciones del sistema de la seguridad social para los actuales trabajadores, pero con el proyecto actual las consecuencias las van a pagar los “cuarentones”. La propuesta fue que, de llegar al gobierno en 2025, el Frente Amplio convocará a un diálogo social para transformar de forma integral al sistema.

“Estoy convencido que si los trabajadores del Uruguay se sientan a debatir, se van a preguntar ‘¿qué ponen los poderosos?’, y acá no se los toca”, puntualizó. Rememoró la entrevista de Nada Que Perder al diputado Iván Posada, quien calificó a esta reforma como imprescindible para evitar mayores aportes estatales al sistema de previsión social y que se canalicen más recursos a la primera infancia. “Pero eso no está arriba de la mesa –respondió Sánchez–, es un Gobierno de recorte con un slogan muy potente: el ahorro; pero cuando un gobierno ahorra la gente no llega a fin de mes; tenemos que discutir por empleo, salarios, aportes, ingreso de tecnología, competitividad, ese es el debate ausente en la política del gobierno”, sintetizó.

Por otro lado, recordó algunas de las modificaciones al sistema de la seguridad social que fueron impulsadas en gobiernos del Frente Amplio, que permitieron el acceso a una jubilación para miles de personas y reformas en las cajas paraestatales.

También consideró que había tiempo para debatir con profundidad cambios en el sistema de seguridad social porque el núcleo de los cambios propuestos comenzaría dentro de 20 años. Declaró como falaz el argumento del déficit del sistema cuando todos los ejemplos en el mundo de financiamiento incluyen aportes de trabajadores, empresarios y el Estado, y propuso pensar si para reducir los aportes estatales hay que equilibrar o “joder a la gente”.

A esto sumó la posibilidad de repensar el sistema de exoneraciones fiscales, que representan 6 puntos de producto bruto. ¿Por qué no ponemos mejorar este gasto tributario?, se preguntó el senador. No está en contra de la promoción de inversiones ni de las exoneraciones, de hecho está de acuerdo con las medidas en el IVA a frutas y verduras, pero no para la importación de pelotas de golf o ante una fusión de empresas que no generan ni un puesto de trabajo o ninguna inversión. Hoy el proyecto quiere habilitar las inversiones de las Afaps pero en el exterior del país, ¿Por qué´no se pone en actividades productivas del Uruguay?

Además, la reforma seguridad social vio “muchas figuritas debajo de la mesa”, con proyectos de ley que fueron aprobados en estas semanas como el proyecto de personería jurídica de los sindicatos y las modificaciones de la negociación colectiva, o el proyecto de prisión domiciliaria que lleva una contradicción: la gente puede trabajar hasta los 65 años pero los presos que violaron los derechos humanos pueden acceder a prisión domiciliaria.

Compartir

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp