El martes 11 de abril, la Cámara de Senadores votó afirmativamente el proyecto de ley por el que se crea un registro de personería jurídica de organizaciones de trabajadores y de empleadores.
En la sesión, hicieron uso de la palabra los/as senadores/as Carmen Sanguinetti, Raúl Lozano (miembro informante del proyecto), Oscar Andrade, Guillermo Domenech, Daniel Caggiani, Jorge Gandini, Sebastián Da Silva, Eduardo Brenta, José Nunes, Graciela Bianchi, Amanda Della Ventura y Liliam Kechichian.
La oposición no votó el proyecto. Hubo 17 votos en contra y 29 a favor.
La discusión parlamentaria duró más de dos horas y media, incluyó argumentos que fueron en varias direcciones y no estuvo exenta de algunas acusaciones. Vamos a repasar algunos de los alegatos de los legisladores, los más relevantes tanto a favor como en contra.
El tercer legislador en tomar la palabra fue Oscar Andrade, senador frenteamplista. Andrade defiende la autonomía del movimiento sindical, y sostiene que esta ley intenta pensar por el trabajador y definir el carácter de su organización. Por último, asegura que la mayoría de los sindicatos ya tiene personería jurídica y afirma que esta ley no es igual para empleados y para empleadores.
Inmediatamente habló el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, quien defendió la ley. Desde su punto de vista esto otorga cristalinidad y transparencia ya que le permite ser sujeto de derecho a quienes antes no lo eran.
Luego habló el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, quien sostuvo que este proyecto atenta contra uno de los principios fundamentales de un sistema democrático que es la libertad sindical. Aseguró que esta ley no tiene en cuenta los principios básicos de autorregulación y que restringe la actividad sindical.
A continuación, tomó la palabra Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, quien se remitió a la ley, asegurando que en su segundo artículo expresa que no existe obligatoriedad, y que él nunca votaría la ley si así lo fuera. Para Gandini esta ley regula una circunstancia que en términos generales está regulada de hecho.
Más tarde, llegando al tramo final de la sesión, habló la senadora nacionalista Graciela Bianchi. La senadora arremetió contra uno de los argumentos esgrimidos anteriormente en la sesión, que indicaba que esta ley generará dificultades para algunas organizaciones pequeñas que no podrán afrontar gastos vinculados a la certificación de firmas de escribanos. Bianchi aseguró que varios escribanos harían esto incluso de forma honoraria.
La última legisladora en tomar la palabra fue la senadora frenteamplista Liliam Kechichian. La senadora dió seis razones por las que no acompañó el proyecto. Entre otras cosas, aseguró que hoy esto no es un problema en nuestro país, y que hay problemáticas más importantes a tratar. Además, Kechichian afirma que esta ley viola la constitución.