El miércoles pasado la ministra Azucena Arbeleche asistió al parlamento para entregar el proyecto de rendición de cuentas. Algunos contenidos ya se conocían al momento de la presentación; otros, en cambio, cosecharon críticas tras ingresar al Legislativo.
Los artículos 156 y 157 establecen la eliminación de la obligación de mezclar el crudo con biodiesel para “eliminar o reducir un sobrecosto del precio del gasoil que beneficiará a todos los consumidores de dicho producto”. Con esto medida se retrocede en términos de cuidado ambiental pues la mezcla del biocombustible con el crudo reducía la emisión de gases de efecto invernadero. El realizar esta mezcla había sido un acuerdo de todos los partidos en 2007.
En tanto, el artículo 155 modifica la mezcla de naftas y bioetanol, pasando el límite de 5% a 8,5%. Vale aclarar que en los hechos Ancap ya mezcla por encima de ese nivel.
Para contrarrestar el daño ambiental, el Poder Ejecutivo se comprometió a “construir un fondo con parte de lo recaudado del impuesto a las emisiones de CO2 con destino a políticas para mitigar las emisiones de dióxido de carbono”.
Consultado sobre estos aspectos, el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, dijo a Mejor hablar que la Federación aún no trató la creación de este fondo, pero sí dio su visión sobre la eliminación de la obligatoriedad de mezclar gasoil con biodiesel
“Así como ahora están tomando la decisión de cerrar el emprendimiento productivo de Belén, toman esta decisión de no adicionar más biodiesel al gasoil y seguramente eso termine desembocando en el cierre de la planta de ALUR Capurro. Esto claramente está íntimamente ligado con el artículo 237 de la LUC que encomienda al Poder Ejecutivo a llevar adelante una reforma integral del mercados de los combustibles y esa es una primera decisión, los primeros pasos que van en el sentido de esa reforma y tienen un claro objetivo: desmontar todo lo que tiene que ver con el rol social y productivo del ente y sustituirlo por una mirada mercadocéntrica, mercantilizadora de un servicio público esencial y de una actividad estratégica para el desarrollo nacional"
Ley de regulación y control de cannabis
El artículo 72 plantea un viejo anhelo del ex ministro Jorge Larrañaga: que el ministerio del Interior pueda acceder a la dirección de los autocultivadores y de los clubes de cannabis registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).
Mejor hablar dialogó sobre estos aspectos con la presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay, María José Miles: "Quienes somos usuarios y usuarias registrados, ya entregamos nuestros datos al momento del registro. Es decir, no nos estamos ocultando sino que somos precursores de la ley al ser los primeros en dar nuestras identidades, nuestras direcciones al Estado en confianza de que el mismo iba a hacer un buen uso de los datos. No es que estamos en contra de entregar nuestros datos o que nos estamos ocultando sino que estamos pidiendo que esos datos que ya fueron entregados sean usados de buena manera"
Miles también se refirió al impacto que puede tener esta medida en el registro de nuevos usuarias y usuarios: "Creemos que hay muchas personas que al momento de registrarse lo van a pensar dos veces porque el miedo a que el registro se convierta en una especie de libreta negra vuelve a estar sobre la mesa. Creemos que hay gente que actualmente está consumiendo cannabis del mercado ilegal y que pensaba entrar en un club o empezar a plantar en su casa o incluso gente que eventualmente está registrada que va a tender a desregistrarse y volver a acceder al mercado ilegal para no estar en esta lista negra que hoy la pide la policía, pero mañana no se sabe quién la puede llegar a pedir"
Por último, Miles compartió su visión sobre la posibilidad de que el ministerio del Interior pueda "realizar inspecciones y controles regulares": "También queremos mencionar la segunda parte del artículo 72 que está siendo un poco menos comunicado pero que a nuestro entender es igual de preocupante y es que le da la potestad a la policía de realizar controles regulares en los domicilios y en los clubes que estén registrados cuando es el IRCCA el órgano que ya tiene la potestad para hacer esas fiscalización y la policía no tiene ningún tipo de conocimiento técnico ni legal para realizar esas inspecciones".