La Suprema Corte de Justicia (SCJ) pretende abrir “un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales”.
El pasado 12 de agosto la SCJ había resuelto el cierre de 20 juzgados en localidades del interior del país en el marco de una “reorganización de territorios jurisdiccionales a fin de mejorar la distribución de los recursos”.
En Canelones se eliminaban las sedes de Migues y Tala, Cerrillos, Sauce, Progreso y Soca, en Cerro Largo la de Aceguá, en Colonia la de Nueva Helvecia, en Florida la de 25 de Mayo, en Lavalleja la de Solís de Mataojo, en Maldonado la de Piriápolis, en Rocha la de Cebollatí y Castillos, en San José la de Villa Rodríguez, en Soriano la de Florencio Sánchez, en Rivera la de Tranqueras y en Treinta y Tres la de Cerro Chato.
Tras la negativa planteada por diputados frenteamplistas y nacionalistas, el Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos y los Funcionarios Judiciales, este lunes decidió rever la medida.
A través de un comunicado la SCJ manifestó su interés de “abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales”.
También señalan “que la motivación de la misma fue el déficit presupuestal generado a este Poder del Estado” desde 2005, algo “que dificulta hacer frente a los gastos de funcionamiento de las sedes judiciales de todo el país (alquileres, limpieza, suministros, etc.) y que ha requerido una continua política de abatimiento de costos”.
Asimismo advierten que se consideró en las sedes en cuestión “la baja carga de trabajo jurisdiccional que poseen, así como el traspaso de sus funciones de Registro de Estado Civil al Ministerio de Educación y Cultura a partir del 1º de enero de 2022, tomando asimismo en consideración sus costos operativos que en la actualidad ascienden a $ 12.368.571 anuales, excluidos los gastos asociados a remuneraciones”.
En ese sentido agregan que la SCJ “se ve en la necesidad de aplicar los escasos recursos con los que cuenta en sedes con mayor demanda de servicios de justicia como lo son, por ejemplo, los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género”, y que en el último proyecto de presupuesto, “se solicitó la instalación de ocho nuevos Juzgados con la mencionada competencia en el interior del país (también seis en la capital); pero sólo se habilitaron tres Juzgados en el interior, sin cubrirse los costos de locales, gastos de funcionamiento ni retribuciones para los cargos funcionales necesarios”.
