La Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, convocó este lunes a partir de las 10:00 horas la primera audiencia en la investigación por el colapso del esquema de inversión de Conexión Ganadera, que ha dejado más de 4.000 damnificados.
Durante la audiencia, el fiscal solicitó el cierre de fronteras y la retención de los pasaportes del fundador de la empresa, Pablo Carrasco, junto a su esposa y la viuda del socio de la firma, Gustavo Basso. Estas medidas buscan evitar una posible fuga mientras se esclarece el destino de los fondos captados por la compañía, en un caso que ya cuenta con más de 20 denuncias. Carrasco será representado por el abogado Jorge Barrera, y la familia Basso por Pablo Donnangelo, mientras que los damnificados son defendidos por Ignacio Durán.
En un comunicado emitido el pasado 14 de febrero, la Fiscalía anunció que se asignará una contadora de la Unidad de Análisis y Contexto del Banco Central del Uruguay para apoyar la investigación, y en los próximos días se integrará a la oficina una abogada, coordinadora técnica de las Fiscalías de Homicidios, para fortalecer el esclarecimiento del caso.
