Las vulnerabilidades del sistema para prevenir el lavado de activos se potenciaron en los últimos años. Con este argumento, la Secretaría Antilavado solicitó la presupuestación de 15 funcionarios antes del cambio de gobierno. Pero la asesoría jurídica de la Prosecretaría de Presidencia de la República redacto un informe negativo porque detectó posibles inconstitucionalidades.
Hay un aumento exponencial de los delitos vinculados al crimen organizado, reconoció la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft, también conocida como Secretaría Antilavado), que dirige Jorge Chediak, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
Este y otros argumentos fueron esgrimidos para solicitarle al Ejecutivo que envíe al Parlamento un proyecto de ley para presupuestar a 15 funcionarios de esa oficina.
Sin embargo, desde febrero circula un informe negativo de la asesoría jurídica de la Prosecretaría de Presidencia, que actualmente dirige Mariana Cabrera.
La Secretaría Antilavado cuenta con 28 funcionarios en régimen de pase en comisión. El Parlamento aprobó una Rendición de Cuentas del año pasado que le otorgó la posibilidad de crear 15 cargos con 17 millones de pesos de presupuesto. Sin embargo, faltaba el mecanismo para ocupar los cargos.
Luego de la reunión entre Cabrera y Chediak, un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil avaló la solución que encontró Chediak: un proyecto de ley interpretativo que permita ocupar los cargos con 15 de los 28 funcionarios en pase en comisión.
Pero la asesoría letrada de la Prosecretaría rechazó la solución, hay antecedentes de incorporaciones de funcionarios en pase en comisión pero no recomendó el camino de la ley interpretativa e incluso expresó que podía ser inconstitucional. El extitular de la Suprema Corte respondió: la historia de Uruguay está “plagada de normas de carácter excepcional que fundan su sanción en cuestiones de interés general”. Tampoco encontró eco en los asesores de Cabrera.
