Secretaría de Presidencia autorizó el ingreso al país de más de 100.000 personas en los dos años de pandemia

La información fue proporcionada por un escrito de la Presidencia de la República a la fiscal Gabriela Fossati.

Fiscalía investigará si los dos ciudadanos rusos que ingresaron a Uruguay en 2021 con autorización del gobierno y que se casaron un supermercado en el Chuy este año, están relacionados con la red de delincuentes que integraba Alejandro Astesiano, el ex jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle.

La fiscal Gabriela Fossati recibió el viernes pasado documentación de Presidencia sobre el proceso que habilitó el ingreso excepcional cuando las fronteras permanecían cerradas por la pandemia del Covid-19, informó este miércoles El Observador.

Al periodista Antonio Ladra había informado que dos ciudadanos rusos vinculados con Astesiano habían ingresado gracias a una resolución firmada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

En la documentación que Presidencia entregó a Fossati, se establecen los motivos para obtener la excepción. Entre estas se encuentran las razones de carácter humanitarios, diplomáticos, reunificación familiar, judicial, empresarial, laboral, económico, deportivos, propietarios de inmuebles, promitentes compradores o estudiantes.

El trámite se realizaba de forma online y debía incluirse una justificación por la que se pretendía ingresar al país, así como “documentos probatorios” de la solicitud.

“Completado el trámite se creaba un número de seguimiento denominado ID, el cual era remitido automáticamente por el sistema al ministerio u organismo que correspondiera según su competencia y la razón por la cual se amparaba la solicitud”, indica el texto de dicho documento.

Posteriormente, cada organismo analizaba la solicitud y tenía potestades para rechazarla, solicitar ampliación de información o autorizarla. Si llegaba a aprobarlo, la documentación era enviada a Presidencia a través de una nota firmada por el ministro o el jerarca del área.

Luego de que Presidencia reuniera toda información de los ministerios, emitía una resolución donde autorizaba los ingresos y enviaba la documentación a la Dirección Nacional de Migraciones para que las personas quedaran habilitadas.

“La Secretaría de Presidencia autorizó el ingreso al país de más de 100.000 personas en los dos años de pandemia”, apunta el escrito que Presidencia envió a la fiscal, pero aclara las habilitaciones eran válidas sólo por única vez.

Los rusos Andrey Kashtanov y Olesia Dzhumelia llegaron a nuestro país en junio del año pasado y en setiembre obtuvieron la cédula uruguaya.

En abril se casaron por el alcalde del Chuy, Eduardo Calabuig, en el supermercado Macro Frontera. Los senadores del FA enviaron un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para tener detalles del acta pública de la celebración del matrimonio, el expediente, la partida de matrimonio expedida y la publicación oficial.

Kashtanov declaró ser abogado y Dzhumelia economista.  Rafael Cardozo, primo de la esposa del alcalde, y propietario del supermercado, fue quien los acercó al municipio.

 

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