"No hay más tiempo que esperar”, subrayó el senador Caggiani. El proyecto ingresó al Parlamento en junio y prevé la reducción del monto autorizado para transacciones en efectivo.
Mañana miércoles, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) tratará y aprobará de manera urgente el proyecto de modificación a la Ley Integral contra el Lavado de Activos, según informó el senador frenteamplista Daniel Caggiani en su cuenta de X. La decisión se da luego del atentado perpetrado contra la vivienda de la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero, cuando en la madrugada del domingo dos personas efectuaron disparos a su casa.
Caggiani informó que ya fueron notificados los senadores blancos y colorados y subrayó que “no hay más tiempo que esperar”. El proyecto ingresó al Parlamento a principios de junio, enviado por el Poder Ejecutivo, y actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. El oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para aprobar los votos en el Senado, pero no tiene los votos en Diputados, donde deberá negociar.
El texto de 51 artículos modifica el tope que la Ley de Urgente Consideración (LUC) de 2021 otorgó a las transacciones con efectivo, actualmente en un millón de unidades indexadas, equivalentes a 150.000 dólares. El nuevo proyecto lo reduce a 270.000 unidades indexadas, es decir, 40.000 dólares.
Según declaró el senador frenteamplista Eduardo Brenta a M24 a principios de junio, el máximo propuesto por el Poder Ejecutivo es “una cifra apropiada”. “Obstaculizar los mecanismos para el lavado de activos por parte del narcotráfico constituye un elemento central y más eficaz que las medidas para el combate al micro narcotráfico, que han sido políticas del gobierno pasado”, señaló el parlamentario.
Brenta recordó que los reportes de actividades sospechosas cayeron durante el gobierno anterior, “lo cual indica cierto relajamiento en los controles”. En 2030, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará al país y las normas vigentes, así como la baja en los reportes, dos elementos que el senador identificó como riesgos para caer en la “lista gris” del organismo.