El proceso licitatorio que culminó con la adjudicación del contrato al astillero español Cardama para que le venda al Estado uruguayo dos lanchas patrulleras oceánicas, fue un “mamarracho” que el Frente Amplio (FA) investigará “en alguna comisión” durante la legislatura siguiente e inclusive intentará “la anulación de la compra”, señaló la senadora frenteamplista Sandra Lazo en Nada Que Perder de M24.
Tras reseñar detalladamente diferentes aspectos confusos y opacos del sinuoso proceso licitatorio que culminó con la adjudicación del contrato a Cardama, Lazo remarcó que “nosotros (el FA) lo hemos manifestado, quizás informalmente pero hemos manifestado” la voluntad de generar “la anulación de la compra” de las dos naves.
Explicó que ahora “estamos evaluando pasos a dar desde el punto de vista parlamentario, (si) será este o será el Parlamento que viene”; y a continuación precisó sobre dichos pasos: “o es la anulación o será alguna comisión que investigue cómo se llevó adelante este proceso, esta fase se analizará en las próximas horas; por supuesto que, si la compra cae, hay que hacer un proceso completamente diferente”.
Como ejemplo de las opacidades aludidas, la legisladora criticó que “el segundo llamado fue vía telefónica y vía algún mail”, contactos en los que integrantes del gobierno pedían a Cardama, para reducir los costos, “‘bajame esto’, ‘bajame un cañón’, lo estoy ridiculizando pero fue un poco así, porque los propios oferentes lo manifestaron”.
“De hecho, China manifestó su intención de bajar costos -que era una de las (ofertas) más adecuadas desde el punto de vista técnico- pero seriamente, con pliego de por medio, y no se aceptó”; es así que “aquí hay varias cuestiones que trascienden largamente al FA”.
La entrevistada ratificó: “por supuesto que el fortalecimiento de la Armada lo hemos manifestado absolutamente todos los partidos políticos; todos estuvimos de acuerdo en que se llevara adelante el proceso inicial, que fue competitivo, sobre el cual, el Tribunal de Cuentas, con los votos discordes de tres en siete, fue muy claro en cuáles son las cosas que se objetaba de este procedimiento”, anotó.
Algunas de tales objeciones “rayaban con (dudas sobre) la buena fe de la administración; entonces, realmente hay que hacer un proceso, pero un proceso prolijo” para revertir “este mamarracho”, graficó.
