La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) tiene información en su poder que confirma la existencia de “al menos una llamada” de un jerarca del Gobierno para que no se publique la información sobre las gestiones de Alejandro Astesiano ante la policía para seguir a la expareja del presidente, Luis Lacalle Pou.
Los periodistas organizados en APU subrayaron en el comunicado que poseen la información “en este caso en particular”, pero insisten en que son varios los episodios con jerarcas oficialistas que afectan el desempeño profesional de la tarea periodística.
En este caso, se trata de la divulgación de las conversaciones por mensajería de celular entre el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, con el director ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, para conocer los datos de la Dirección de Migraciones sobre el paradero de Lorena Ponce de León, quien viajaba por asuntos particulares en avión.
La información estaba pronta para publicarse en El Observador, pero una decisión empresarial trancó su divulgación, aseveró el sindicato de periodistas este miércoles 21. APU manifestó solidaridad y respaldo a los trabajadores de ese medio porque “fueron objeto de un acto de censura promovido por los actuales propietarios del medio”.
A partir del 5 de mayo de 2022, los accionistas mayoritarios de la empresa es un grupo inversor encabezado por Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum, con Pablo Tarantino como presidente del grupo inversor y el exdueño y fundador del periódico, Ricardo Peirano, como director periodístico del medio.
