La libertad de expresión en Uruguay está siendo vulnerada según lo vienen denunciando organizaciones civiles y periodistas desde 2020 y así el tema ha ingresado al debate partidario, ante lo cual la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), sindicato de trabajadores de los medios de comunicación, propuso a los partidos crear una comisión parlamentaria que analice el asunto, explicó en INFO24 el presidente de la APU, Fabián Cardozo.
Cardozo señaló que la iniciativa del sindicato “se da en un momento en el que es necesario debatir sobre el estado de la libertad de expresión, un momento en el que el sistema político está interesado, parece, en debatir sobre esto; de hecho, hoy mismo se va a dar en el Parlamento un debate sobre el tema de la libertad de expresión que se viene estirando de alguna manera desde sesiones anteriores; hace dos semanas, un planteo de un diputado de la coalición de gobierno, del Partido Nacional (…) ameritó que durante algunos minutos los parlamentarios debatan sobre el tema a partir del informe de la Deutsche Welle, que ha causado bastante polémica”.
Recordó como antecedente lo que en el marco de APU “hicimos en 2019, detectando la necesidad de hacer algo por el tema de la desinformación y las noticias falsas” durante la campaña electoral, al “proponerle al sistema político que se firme un pacto ético contra la desinformación; volvemos a proponerle algo a la sociedad y a los políticos y en este caso es la creación de una comisión parlamentaria” sobre libertad de expresión, “veremos qué nos devuelve el sistema político, si considera oportuno este planteo (…) dependerá de los partidos y los legisladores si finalmente se instrumenta”.
Después el entrevistado abordó el capítulo más novedoso y actualmente más problemático vinculado a la comunicación de masas y las libertades de expresión e información, como es el papel de las llamadas ´redes sociales´.
Indicó sobre el punto que “las redes dicen que se autorregulan” y recordó que “son plataformas, empresas gigantescas, multinacionales, con mucho poder económico y poder político también; entonces, cuando uno habla de regular redes, enseguida las redes, las empresas, te dicen: ´nosotros nos autorregulamos, generamos mecanismos por los cuales, por ejemplo, tenemos un contralor de lo que se publica, si se publica información falsa tenemos cómo detectarla y sacarla de circulación, cuando aparecen ofensas o amenazas a la libertad de expresión también tenemos mecanismos de contralor´”; sin embargo, a cada hora y minuto en la web “queda claro que la autorregulación es un mito” y que “más allá de esa intención de las empresas hoy tenemos problemas” como “el anonimato en redes, porque de ahí surgen muchas veces campañas de desprestigio” que “se convierten en verdaderas amenazas a la libertad de expresión; por esa razón es que, tomando en cuenta ese vacío que existe, queremos generar una iniciativa”.
El periodista ejemplificó algunas de esas complejidades mencionando “lo que pasó con el colega Aldo Silva”, hacia quien “hicimos una declaración de respaldo cuando en un programa” radial “expresó una valoración hasta bastante inocente (…) respecto al papel del presidente en la crisis sanitaria y se vino toda una catarata de cosas, de insultos, amenazas y planteos que incluso afectaban a las empresas en las que trabajaba; básicamente lo que hacía mucha gente, algunos anónimos y otros no tanto” como “dirigentes políticos de primer nivel: le escribían a la empresa en la que trabajaba el periodista para plantearle que tenían que despedirlo por haber cuestionado al presidente de la República”; entonces, advirtió, “ahí es donde aparecen las campañas de desprestigio, y tiene que ver con el manejo de las redes”.
Luego habló de la ´Ley de Medios´ del gobierno y puntualizó que en APU “tenemos postura y bastante clara: rechazamos el proyecto que actualmente está a estudio del Parlamento, que viene demorado, trancado” porque “la propia coalición de gobierno no se ha puesto de acuerdo respecto a la redacción”; precisó que “lo rechazamos porque elimina la participación social, elimina organismos” como “el que administra el funcionamiento de la ´Ley de Medios´”, también “el Consejo Asesor de los Medios Públicos (…) y favorece la concentración de muchos medios en pocas manos”.
Acerca de la situación de APU, Cardozo informó que “seguimos intentando crecer en tiempos difíciles (…) un momento de crisis (…) hemos perdido muchas fuentes de trabajo, desde el año pasado” se acumulan “más de 500 fuentes de trabajo afectadas” por muchos “seguros de paro parciales pero también por despidos” entre “cables del interior, televisión, radio y prensa”.
Pero “a pesar de eso, que afecta la economía del sindicato (…) estamos intentando crecer” y “tenemos bastante trabajo; ahora se vienen los Consejos de Salarios, estamos recién firmando algunos convenios del acuerdo puente que quedaron atrasados, todavía hay trabajadores que no han cobrado el ajuste salarial correspondiente (…) y se vendrá seguramente otra ronda y veremos qué mensaje viene del sector empresarial; como siempre nuestra actitud será defender el salario de los trabajadores”, anotó.
