El 2 de marzo de 2021 el presidente Luis Lacalle Pou comunicó ante la Asamblea General en el Parlamento, que luego de un arduo proceso de negociación, la empresa belga Katoen Natie desistía de un juicio internacional contra el Estado uruguayo donde reclamaría 1.500 millones de dólares.
A cambio, la empresa invertirá 460 millones de dólares y obtendría la concesión del puerto de Montevideo hasta el año 2081.
La economista Oriana Montti integrante del Lado F, explicó en su columna de El Menú del Día que los países menos desarrollados que buscan captar inversiones extranjeras para aumentar su crecimiento económico suelen firmar acuerdos internacionales de inversión.
Estos acuerdos, dijo, funcionan como mecanismos que ciñen legalmente el comportamiento de los países y así envían una señal positiva a los inversores extranjeros que pueden desconfiar de las instituciones en los países más pobres. En concreto, las empresas temen sufrir nacionalizaciones y expropiaciones, que significarían que la inversión que hicieron los privados luego se la queden los estados nacionales.
Los acuerdos más comunes son los Tratados Bilaterales de Inversiones. La mayoría de estos acuerdos otorgan a las empresas el derecho a emprender acciones legales si el país anfitrión realiza acciones dañinas, como expropiaciones sin compensación.
Esto se prevé a partir de la introducción de un mecanismo de solución de controversias entre el inversor y el Estado.
Se trata de un arreglo institucional por el cual los inversores tienen el derecho de resolver diferencias jurídicas con el Estado en paneles de arbitraje internacional. O sea, no dentro del sistema judicial del país, sino en un tribunal externo indicó.
El organismo de arbitraje más usado se llama CIADI y depende del Banco Mundial. El tribunal se forma con tres personas, una que elige la empresa, otra el país, y un presidente, elegido de acuerdo entre las dos partes explicó Montti.
Uno de los problemas de este tipo de juico señaló, es que muchas veces se toma una definición laxa o discrecional de lo que es una expropiación. Entonces las políticas decididas por los gobiernos locales pueden ser cuestionadas por empresas extranjeras.
