La Justicia había resuelto suspender el decreto, y ahora se busca que se anule. Los especialistas habían pedido al Poder Ejecutivo anular el decreto, pero como no obtuvieron respuesta, se vieron obligados a recurrir al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo.
El gobierno debió suspender la flexibilización de la política anti tabaco tras fallo de la Justicia del 19 de octubre de 2022. La juez María Elena Emmenengger estableció hacer lugar parcialmente a la demanda de amparo, disponiendo la inmediata suspensión del decreto 282/022 hasta que quede firme el acto administrativo o para el caso de tramitarse la vía anulatoria, hasta el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo (TCA) dicte sentencia ejecutoriada.
La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) había presentado un recurso de amparo en contra del decreto que flexibilizó la comercialización de los cigarrillos.
Apeló al artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 17.823), que establece que: “La acción de amparo para la protección de los derechos de los niños y adolescentes […] Podrá ser deducida también por el Ministerio Público, cualquier interesado o las instituciones o asociaciones de interés social que, según la ley, o a juicio del Tribunal, garanticen una adecuada defensa de los derechos comprometidos”.
En este sentido, dicha organización entendió que “el Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto a toda forma de estímulo al consumo de tabaco”.
Asimismo, señaló dentro de otros argumentos que “un decreto basado en derechos de industria y comercio no puede pretender reglamentar una Ley de Salud Púbica. A su vez vulnera múltiples artículos del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, su protocolo adicional y la normativa de control de tabaco nacional”.
Este miércoles, la SUT presentó una demanda de nulidad contra el decreto que flexibiliza el etiquetado en el empaquetado de cigarrillos. Diego Rodríguez, vocero del colectivo, explicó a MVD Noticias de TV Ciudad que "la demanda se presentó y el Poder Ejecutivo debe responder".
“El decreto está suspendido, pero no está anulado. Hasta que el tribunal de lo contencioso y administrativo no decida si el decreto queda o lo anula, por el momento es la acción que tuvimos que tomar, porque fuimos ante el Poder Ejecutivo, donde le pedimos que lo anularan y no obtuvimos respuesta y tuvimos que recurrir al tribunal”, detalló Rodríguez.
Respecto al tiempo con el que cuenta el tribunal para expedirse, el vocero de SUT informó que puede durar hasta cinco años, pero “en este momento están notificando al Poder Ejecutivo de que se presentó la demanda, y tiene que responder ante los argumentos”.
“Viola leyes como la del empaquetado neutro de los cigarrillos, porque permite la publicad y ello viola la ley que prohíbe la total publicidad y patrocinio de productos de tabaco; viola convenios internacionales que Uruguay ratificó como el convenio marco del control del tabaco, y el protocolo para eliminar el comercio ilícito del tabaco”, añadió.
Uno de los argumentos que había utilizado el gobierno a favor de flexibilizar la política antitabaco era el de combatir el contrabando de cigarrillos. En paralelo la prensa informaba acerca del pedido expreso que había hecho la tabacalera Montepaz, admitido por el propio presidente de la República.