La Asociación de Magistrados (AMU) denunció que la vida privada de una jueza actuante en un caso de crímenes de lesa humanidad en el terrorismo de Estado y la de varios familiares fue investigada por el hijo de un represor condenado por esos delitos, pero la Suprema Corte de Justicia le pidió explicaciones a la jueza y le abrió sumario.
El tema fue abordado por el presidente suplente de la AMU, Javier Gandini, en Nada Que Perder, donde el dirigente reseñó que su colega aludida “había dictado una sentencia de condena de dos militares retirados por delitos cometidos durante la dictadura, una sentencia que ya tuvo segunda instancia, es decir que el trabajo de la jueza ya fue visto por un Tribunal de Apelaciones en lo Penal”.
En ese contexto, “un hijo de una de estas personas condenadas realiza toda una investigación de la vida privada de la magistrada por redes” y también “de la familia, identifica a un hijo y la red social del hijo y hace todo un estudio de la vida y la actividad social, también del hermano y hasta de una sobrina, de la mamá fallecida”.
Con base en esa pesquisa “se realiza una denuncia administrativa ante la Suprema Corte de Justicia queriendo adjudicarle sesgo político a la jueza; y lo más grave es que la Suprema Corte de Justicia le da trámite y le pide explicaciones a la jueza”; la actuado por la institución superior del Poder Judicial “nos parece gravísimo”.
Gandini añadió que “esta colega nunca tuvo una actividad pública, mucho menos política; aquí, a ella se le investigó su vida privada; nosotros los jueces no tenemos prohibido tener redes sociales, sí existen recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia sobre el buen uso de las redes sociales, que además esta colega las cumplía”.
Por lo tanto, “a ella se le violenta su derecho a la intimidad”, alertó el entrevistado y ejemplificó que la magistrada le contó que desde la web “había visitado una página bibliográfica de Salvador Allende”, visita que está incluida como “uno de los elementos del sumario”.
No obstante, “le solicitamos que realice, la Corte, la denuncia penal, porque si ahora los delincuentes o sus familiares pueden identificar a nuestros hijos, a nuestras familias, y sacar fotografías de nuestra vida íntima y la Corte no hace nada, esto genera un precedente gravísimo a futuro”, advirtió Gandini y adelantó pasos de la AMU.
Luego expresó preocupación por “algunos actores” que en nuestro país sostienen la idea de que “las personas condenadas por haber cometido delitos en la dictadura son presos políticos, y de ninguna manera lo podemos permitir; en Uruguay actualmente no existen presos políticos” sino que hay “delincuentes condenados que fueron juzgados con todas las garantías del debido proceso”, puntualizó.
