El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) entregó una carta al presidente Luis Lacalle Pou que expresa su rechazo a la política que lleva adelante el Gobierno que se basa en “una orientación mercantilizadora de las empresas públicas”.
“El Poder Ejecutivo y URSEC, desconociendo la voluntad popular sigue adelante con el proceso de Selección del Administrador de la Base de Datos -ABD- sin tomar en cuenta el proceso de Referéndum que se ha habilitado a partir de la entrega de 800.000 firmas contra 135 artículos de la LUC”, señala la misiva.
El sindicato puntualizó asimismo que se debió suspender el proceso de implementación de la portabilidad numérica hasta tanto se den a conocer las resultancias del recurso de referéndum por razones de seguridad jurídica y de buena administración.
Esta medida se implementa bajo la falsa promesa del derecho a ser el “dueño del número de teléfono”, o el erróneo concepto de “identidad digital”, significa un gasto millonario para el Estado, que finalmente pagaremos los uruguayos y debilita a la principal empresa de comunicaciones.
Según detalló el sindicato, las autoridades de Antel estiman una pérdida de aproximadamente del 10 % de los contratos, lo que equivaldría a más de 30 millones de dólares anuales. Por otra parte, Antel ya gastó más de dos millones en la implementación del nuevo sistema.
“Entendemos que esta medida busca el beneficio de las grandes empresas multinacionales, de poder captar clientes y revertir la actual participación en el mercado de servicios móviles que tienen estas empresas privadas”.
El sindicato recordó que las empresas Claro y Movistar acceden a exoneraciones de impuestos, mientras que Antel aporta más de cien millones de dólares al año a Rentas Generales.
Juicios millonarios
El sindicato advierte la posible concreción de juicios millonarios nacionales y eventualmente internacionales de parte de empresas privadas beneficiadas.
Desde el Gobierno se aduce que se colocó una cláusula en los contratos que procura evitar juicios. No obstante el artículo 24 de la Constitución señala que lo que decida el cuerpo electoral en tanto órgano implica que “serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.”
