La semana pasada vecinas y vecinos así como académicos y académicas del balneario Buenos Aires asistieron a la Comisión de Turismo de Diputados para advertir sobre los impactos, que entienden negativos, de la construcción del complejo residencial La Orilla, “proyectado sobre el último tramo virgen de la costa atlántica”.
Hay en cuestión 8 hectáreas de costa que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, reconoció como propiedades de las firmas de origen panameño Lenore SA, Kalin Assets SA y Arwen Inc, que desarrollarían la obra mencionada “aunque existe información jurídica respecto a la naturaleza pública de los predios y restan acciones judiciales sobre el caso”
Para conocer lo que sucede en el este del país, mejor hablar con la periodista dl semanario Brecha, Mónica Robaina, quien escribió la semana pasada el artículo “Costas y costos” que abordaba este asunto.
"Ahora todo está en manos de la Justicia y de lo que pueda hacer el ministerio de Economía y Finanzas para interrumpir esto y hacer que finalmente la Justicia declare la naturaleza pública de estos padrones. ¿Por qué el MEF? Porque tiene su rol de defensa de lo fiscal, de lo público. Y ya se ha expedido en contra de la Intendencia de Maldonado en otros casos de la costa del departamento"
"Lo que une al común de estos casos es que por el 2012 distintos empresarios, distintas firmas panameñas empezaron a reclamar casi en masa la costa que está ubicada entre la ruta 10, que lleva a José Ignacio y el mar. Ha empezado a reclamar padrones a los que la intendencia frenteamplista de Óscar de los Santos había suspendido la emisión de la contribución inmobiliaria de la planilla bajo el entendido de que eran terrenos públicos y que, por tanto, no se podían dar para proyectos en la costa"
"La intendencia bajo el gobierno de Enrique Antía cambia en 2016 sorpresivamente de postura y en lugar de defender la característica pública de esas tierras, cambia de equipo de abogados, pone un equipo de abogados de elite que plantean no enfrentarse a grandes juicios y sostienen que además en esos terrenos hay ingresos millonarios por contribución inmobiliaria y habrá proyectos que traigan trabajo. Entonces se les volvió a reconocer los padrones a los privados en algunos casos haciendo algunas transacciones"
"El acuerdo en este caso era que una de las firmas entregara a la intendencia unos 150 padrones que tiene al norte de la ruta, en lo que se conoce como balneario Buenos Aires -una de las zonas de mayor crecimiento demográfico del departamento-"
"Se piensa construir el complejo La Orilla sobre la duna virgen. Hay un tema ambiental, el ecosistema costero no solo es la faja costera de 150 metros que es la que supuestamente todo el mundo quiere liberar; hay allí otros cien metros hasta la ruta, hay una flora nativa que es la que retiene las dunas y además está toda la gente que vive ahí y esto puede impactar en la economía del comercio local. No hay un estudio demográfico ni ambiental"
"El abogado que en 2013 litigaba contra la intendencia, fue tomado por Antía por 600 mil dólares. Es decir, Antía le pagó 600 mil dólares de resarcimiento y casualmente lo puso en el grupo de elite del área de asuntos legales. Este señor era convencional del Partido Nacional, pertenecía al huestes del diputado Rodrigo Blas y paralelamente estas empresas panameñas fueron creadas en Panamá por el estudio Posadas, Posadas & Vecino que todavía tiene injerencia en el juicio. Este estudio fue el que en un principio también asesoró a estas empresas en contra de la intendencia y, al mismo tiempo, pujaba por una licitación para cobrar la cartera de contribuyentes morosos de la intendencia de Maldonado y la ganó. Es decir que, por lo menos, es poco ético"