Por encargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró un informe acerca de la evasión fiscal y la informalidad laboral en el transporte de carga carretero, donde el organismo multilateral calculó 120 millones de dólares de evasión anual, pero el Sindicato de trabajadores del rubro (Sutcra) estima que son unos 400 millones, dijo su secretario, Ricardo Aloy, en Menú Informativo. “El cálculo es basado en los datos que les proporciona el propio MTOP”.
“Hablando de los 120 millones de dólares” calculados en “ese informe que hace el BID a solicitud de ese Ministerio”, Aloy ejemplificó que con dicha suma “se podrían hacer muchas cosas” como “un Hospital de Clínicas” ya que “hacerlo a nuevo cuesta 130 millones de dólares”; asimismo “tenemos jubilaciones mínimas de 16.000 pesos, se podría a fin de año darle a cada jubilado” que cobra este monto mensualmente “700 dólares”, así como se podría destinar más dinero a “la salud pública” y a “la educación pública”.
Sin embargo, apuntó el dirigente, “el BID dice que son 120” millones “pero nosotros decimos que son 400 a nivel general: en el BPS es imposible que sean 6 millones de dólares como dicen ellos, es mucho más, estamos hablando de una evasión mucho más importante”; la diferencia respondería a que “el cálculo que hacen es basado en los datos que les proporciona el propio MTOP” y estos “no condicen con la realidad que tenemos”, anotó.
“Pero pongámosle que sea ese el monto” de evasión en el rubro, es decir el del informe del organismo, propuso Aloy como hipótesis para recalcar que “se puede hacer muchas cosas” con esos recursos, por lo que “al fin y al cabo nos terminaron dando la razón cuando denunciábamos la evasión”.
El Sutcra lleva al menos ocho años reclamando al Estado asumir y resolver “dos cosas diferentes” que igual “van de la mano: una es la evasión y otra es la inseguridad” en las condiciones de trabajo, lo que deriva en accidentes en las carreteras, “y lo que más nos preocupa a nosotros es la inseguridad”.
El Sictrac fue suspendido por el gobierno cuando asumió funciones y “no tener hoy un sistema de control implica una evasión de las características que tenemos; y lo peor es que ese costo todavía se eleva porque estamos pagando con vidas de trabajadores y de terceros que muchas veces ni siquiera tienen conocimiento de lo que está pasando en el transporte”.
Por ejemplo, “en febrero, en siete días fallecieron cinco personas vinculado a accidentes con camión, tres de ellas eran terceros, o sea gente común que sale a circular con su vehículo particular o se traslada a trabajar, y dos camioneros; y después” deben sumarse “todos los accidentes que no salen” informados en los medios de comunicación, “todos los días tenemos accidentes con camiones, de mayor o menor nivel de gravedad”, remarcó.
La gravedad de la situación impone “buscar una solución inmediata y eso le corresponde más que nada al Poder Ejecutivo, en este caso el MTOP, que suspendió el curso de instalación de un equipo que sería fundamental y nos traería un montón de beneficios, a la población en general”, reclamó.
Cuestionó que “cuando asumió este gobierno” y sus jerarcas “terminaron derogando” el Sictrac “no había un plan B, porque eso fue lo que nos dijeron; se suspende argumentando cualquier cosa, que para nosotros no se justifica por el nivel de gravedad de lo que venimos denunciando, y hoy estamos en el punto cero o peor porque aumentó la cantidad de accidentes”.
Es así que a partir de marzo de 2002 y gracias a la ausencia de controles “las empresas pasaron de libertad a libertinaje”, con lo que un camionero “pasa solo adentro de la cabina trabajando 18 horas promedio seis días a la semana” y aún más, muchas veces “24 horas” dentro del vehículo de carga.
Pero aun con esa realidad cotidiana, desde el gobierno “no hay señales de ningún tipo de que se vaya a hacer un seguimiento o por lo menos de que nos vayan a presentar cuál va a ser el posible sistema de control que vayan a instalar (…) parece que ahí se tiran las responsabilidades unos a otros”.