El acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie “es objetable en cuanto a su regularidad jurídica”, señala el proyecto de resolución que analiza el Tribunal de Cuentas. Para los asesores jurídicos del órgano de contralor faltó el respaldo de informes que demuestren los beneficios del acuerdo. Según el borrador de resolución, “falta acreditación suficiente en cuanto a la presencia y tutela del interés general”.
Un proyecto de resolución que los abogados del Tribunal de Cuentas redactaron el viernes 18, en poder del semanario Búsqueda, señala nueve observaciones al acuerdo. El primero es la solicitud de informe de “asesoramiento preceptivo” que el MTOP solicitó a la ANP un mes después de la firma del acuerdo, cuando este tipo de asesoramiento es preceptivo, es decir, precede a la decisión que se pretende adoptar, consignó el proyecto de resolución.
El informe de asesoramiento firmado por Curbelo también fue cuestionado por incumplimiento de normas, porque envió una nota cuando el documento debió formar parte de un acto del directorio. “Por la ANP como organismo”, como indica el proyecto del TC.
La falta de este informe redundó en otros perjuicios, como la acreditación de que la concesión configure monopolio, si redunda en beneficios al interés general o la eficiencia portuaria, sobre la forma de determinación de la prórroga o si ésta satisface los fines e intereses generales perseguidos. “Por lo que nuevamente se contravinieron los principios de debido procedimiento, motivación y buena administración”, señala el texto.
Fiscalía solicitó antecedentes de todo tipo a la Administración Nacional de Puertos sobre su relación con KNG
Paralelamente, corre la investigación de la fiscalía sobre la firma del acuerdo. En particular, solicitó a la Administración Nacional de Puertos (ANP) cuáles son los antecedentes para la formación de la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP), de capitales estatales y de Katoen Natie Group (KNG); los antecedentes que avalaron la concesión; reclamos judiciales y administrativos de KNG por el régimen de concesión, y los antecedentes que derivaron en el acuerdo extrajudicial entre el gobierno y KNG.
También pidió el plan de negocios de KNG, presentado en febrero por los senadores Mario Bergara y Charles Carrera; el reglamento de gestión de muelles que funcionaba al momento de la concesión y el actual, y todos los informes jurídicos de los últimos 21 años de la ANP sobre valoración del principio de libre competencia que involucre a KNG.
El miércoles 9, los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera presentaron documentación para ampliar la denuncia de 2021 contra el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, que extendió la concesión hasta 2081 y reformuló reglamentos portuarios en beneficio de la empresa belga que configuraron, según los parlamentarios, un monopolio de hecho en el Puerto de Montevideo.
La situación llegó a manos de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que entendió pertinente el estudio del caso que la competidora de Katoen Natie, la empresa Montecon, denunció ante este organismo desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, el subsecretario Alejandro Irastorza revocó la decisión por entender que faltó fundamentación. A pesar de la decisión, la comisión decidió continuar con la investigación del caso.
