El asesor presidencial, Roberto Lafluf, presentó ayer en una reunión de coordinación de la coalición multicolor en la Torre Ejecutiva, los resultados de un focus groups sobre la mirada de la ciudadanía respecto a los 135 artículos que se pretenden derogar en el referéndum previsto para el 2022.
Los capítulos sobre seguridad, portabilidad numérica, la anulación de la obligatoriedad de pagar los salarios a través de los bancos y los procesos de adopción, guardan mejor receptividad de parte de la ciudadanía, según consigna este viernes El País.
Sin embargo, el estudio que presentó el publicista de Presidencia indica que existe un desconocimiento por parte de la población de los artículos de la LUC, algo que fue reconocido incluso públicamente por el presidente del Partido Nacional Pablo Iturralde.
El desconocimiento es mayor en el capítulo de la educación de la LUC, particularmente el que tiene que ver con el cambio de la gobernanza del sistema educativo, de acuerdo a lo publicado por el matutino.
A este problema que visualiza el gobierno, se suma que el sistema de fijación de precios de los combustibles no genera simpatías entre los ciudadanos. Los precios se determinan a través del mecanismo de precio de paridad de importación (PPI) que utiliza la Unidad de Regulación de Energía y Agua (Ursea) mensualmente, con el que eleva al Poder Ejecutivo el ajuste tarifario.
Esta política no genera simpatías en la población ya que hay preocupación por los aumentos del precio de los combustibles, como ocurrió durante tres meses de forma consecutiva, a raíz del incremento del precio internacional del petróleo, a pesar de que el Ejecutivo frenó la suba de los últimos dos meses, bajo el argumento de que Ancap había tenido ganancias extraordinarias a través de la venta de energía a Brasil que le permitía absorber costos.