En diálogo con Nada Que Perder de M24, Jenifer Romero, la abogada de los trabajadores de la fábrica de ticholos de la que tiene parte el diputado blanco Federico Radiccioni, habló acerca de la situación en la que permanecen sus clientes tras el asesinato de dos socios de la firma a manos del padre del legislador nacionalista.
Contó que son 17 trabajadores que "quedaron en la calle al momento que ocurrió el homicidio" y que hasta ahora no han podido cobrar sus haberes salariales del mes de setiembre, habiendo vencido el plazo legal el 10 de octubre. También se deben los despidos, acción que se ha dado en los hechos.
Relató que hubo una instancia en el Ministerio de Trabajo que sirvió para aclarar la situación laboral, el destino de la empresa, pero "no tuvimos ninguna solución". "Tenemos prevista una reunión con el ministro de Trabajo (Pablo Mieres) el miércoles 6 de diciembre", agregó.
También narró que actualmente existe un desalojo del predio donde está la fábrica por parte del propietario. Romero explicó que no se ha podido dialogar con el socio mayoritario, que es quien pretende ejercer hoy en día la administración exclusiva de la empresa.
Consultada sobre la participación de Radiccioni en la empresa, la abogada relató que si bien en un momento el diputado se mantenía ajeno a la situación, en estos días tuvo participación judicial en tanto inició el desalojo del predio.
"Es el propietario del predio de la empresa y a su vez manifiesta que es propietario de ciertos bienes muebles que allí estaban y se utilizaban por la empresa. El desalojo lo hace contra su hermano, Augusto Radiccioni, que es el socio mayoritario, que es el que está en ejercicio de la administración de la empresa, los otros dos socios fueron asesinados por el padre del diputado y del socio mayoritario y la empresa quedó sin el resto de sus integrantes", detalló.
Respecto a la forma en que se justifica el pedido de desalojo cuando existe otra fábrica paralela que se había montado en Pan de Azúcar (la de los socios asesinados estaba en Empalme Olmos), Romero dijo que la defensa considera que hay un "conjunto económico", en tanto existe un propietario del predio que se mantenía como tercero pero "aparentemente participa del negocio porque ahora viene a reclamar sus bienes, en conjunto con su hermano quien es el socio administrador y que pretende en forma exclusiva ejercer la administración de la empresa, desconociendo a los sucesores de los otros socios".
Y añadió: "digo esto porque cuando ellos comparecen en sede judicial, en ningún momento citan a los sucesores de los socios como sí nosotros hemos citado - los trabajadores - a los sucesores de los socios (asesinados)".
Romero también relató que tiene una medida cautelar "trabada" en sede judicial, otorgada por la jueza de Pando de quinto turno, por u embargo de mercaderías, es decir el stock existente en la empresa y algunos bienes muebles que, según manifiesta el diputado Radiccioni, serían de su propiedad, pese a que no lo acredita.
"Con esto tendríamos cubierto o al menos asegurado los créditos de los trabajadores", sintetizó.
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