En marzo de este año, varias organizaciones firmaron un comunicado advirtiendo por la aprobación del decreto 87/021 el cual modifica la prohibición de la comercialización, importación, registro como marca o patente y publicidad relativa a los dispositivos electrónicos para fumar, habilitando a la industria tabacalera a comercializar los mismos.
Este decreto, fue elaborado y aprobado sin consultar al Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública, ni a la Comisión Interinstitucional Asesora. Esto motivó un pedido de informes por parte de la diputada del FA Lucía Etcheverry en el mes de abril, el cuál fue respondido en julio.
Allí el Ministerio de Salud Pública (MSP) afirma que el decreto fue aprobado por el Poder Ejecutivo y basa su respuesta en que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estado Unidos, autorizó en 2019 la comercialización de este tipo de productos porque producen menos toxinas, o e niveles más bajo que los cigarrillos por combustión.
En diálogo con El Menú del Día, Laura Llambí, internista, docente, investigadora y coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas y además delegada de la Facultad de Medicina en la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco dijo que la habilitación del decreto es un “retroceso” en la normativa de control del tabaco.
“Retrocedemos porque nuestra normativa previo a este decreto, blindaba bastante el que ingresaran a nuestro mercado estos productos que está comprobado a nivel mundial que atrae mucho a los jóvenes y ahí es donde empiezan las edades de consumo y donde se introducen en la adicción” señaló.
Según Llambí lo que responde el MSP sobre la FDA es “muy inexacto” porque la cartera toma parcialmente lo que dice el informe “omitiendo decir todo el resto de la verdad”.
Al ser consultada por el rol del Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Interinstitucional Asesora, que desde el año 2004 tiene el cometido de asesorar al Ministerio en lo concerniente a la Política de Control de Tabaco, LLambí consideró que si bien ambos funcionan, de alguna forma se minimiza su tarea.
Para la especialista “hay un revés” en cuanto a las políticas antitabaco llevadas adelante durante más de 15 años. Estamos en un escenario de retroceso de “bajar el nivel de protección de los derechos a la salud que teníamos obtenidos” y remarcó que este es un tema de Estado, “debería ser una política de Estado” y agregó que “estamos dejando de ser un ejemplo”.
Denunció además que hay “un debilitamiento” de la fiscalización de las políticas antitabaco.
Finalmente dijo que a raíz de aprobarse este decreto, la industria tabacalera está impulsando similares gestiones en países de la región, poniendo como modelo a Uruguay.